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TRAGEDIA Y BUROCRACIA: LA MUERTE DE ALEXIS ALMIRÓN DESTAPA LA CRISIS EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS

Ya son al menos siete las víctimas fatales del abandono del Estado nacional, que dejó de entregar los remedios oncológicos por el ajuste económico. La madre de Alexis reclama: “mi hijo tenía un futuro, no se quería morir”.

Alexis Almirón, un joven de 22 años con un hijo de seis y tres hermanos, uno de ellos mellizo, construyó su hogar sobre la vivienda de su madre, Claudia Caballero. Los últimos meses de su vida los pasó en casa de ella, siendo ella quien lo cuidaba desde que su enfermedad, un linfoma de células B grandes, empeoró. Claudia fue quien, desesperadamente, solicitó ayuda a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) para obtener la medicación que su hijo necesitaba. Sin embargo, durante tres largos meses, sus ruegos no obtuvieron respuesta. La trágica historia de Alexis se suma a otras seis muertes de pacientes que no recibieron ayuda de la Dadse desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Su fallecimiento tuvo lugar el 12 de marzo, dejando a su madre devastada y luchando por justicia.

La odisea de Alexis comenzó cuando, en 2021, descubrió un bulto en su cuello. Tras consultar a un especialista en el Hospital Santojanni, comenzó su tratamiento de quimioterapia, el cual inicialmente parecía dar resultados. Sin embargo, el cáncer regresó con más fuerza y la medicación necesaria para combatirlo era costosa: veinte millones de pesos. A pesar de los esfuerzos de su madre por obtenerla a través de la DADSE, el medicamento nunca llegó. Alexis falleció el 12 de marzo, después de una dolorosa lucha contra la enfermedad y la burocracia.

La muerte de Alexis es solo un ejemplo de la crisis que enfrentan los pacientes argentinos que dependen de la DADSE para acceder a tratamientos costosos. La falta de respuesta y la demora en la entrega de medicamentos es una situación desesperada para muchas familias, como la de Araceli Julio y Gabriel Medina, quienes luchan contra el cáncer y se ven obligados a recurrir a acciones legales para obtener la ayuda que necesitan. Mientras tanto, el gobierno parece estar más preocupado por apelar decisiones judiciales que por brindar atención médica a quienes más lo necesitan.

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