El Presupuesto 2027 confirma la profundización del recorte: 1.683 proyectos fueron cancelados o entraron en proceso de rescisión y otros 457 fueron transferidos o están en vías de pasar a provincias y municipios.
El ajuste sobre la obra pública se profundiza con el proyecto de Presupuesto 2027, que confirma la baja o rescisión de 1.683 proyectos de infraestructura y el traspaso de otros 457 a provincias y municipios. De una cartera original de 2.339 obras, apenas 199 quedaron bajo responsabilidad del Estado nacional, principalmente en energía, infraestructura vial y ferroviaria.
La decisión alcanza obras de distinto tipo, desde viviendas y urbanización de barrios populares hasta rutas, autopistas y redes de agua potable. El Gobierno justificó el recorte en la necesidad de preservar el superávit fiscal y sostuvo que la inversión pública debe mantenerse dentro de las capacidades presupuestarias del Estado.
Las cifras del Presupuesto muestran el alcance de la reducción. Sobre un gasto total del Sector Público Nacional estimado en $216 billones para 2027, apenas $6,16 billones serán destinados a gastos de capital. En términos reales, representa una caída del 16,4%, mientras que la inversión pública equivaldrá al 0,4% del PBI, una décima menos que en 2026.
Las obras que quedaron en pie
La mayor parte de los recursos previstos para 2027 estará concentrada en proyectos que ya se encuentran en ejecución. Entre las principales obras que continuarán figuran la mejora integral del ramal Constitución-La Plata del Ferrocarril Roca, con $125.942 millones; la reconstrucción de la ruta nacional 9/34 entre Salta y Jujuy, con $104.593 millones; y la continuidad de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, con $82.143 millones.
También aparecen la autopista Presidente Perón, en el conurbano bonaerense, con $63.766 millones; la construcción del reactor nuclear RA-10, con $39.690 millones; y el complejo penitenciario federal Agote, en Mercedes, que recibirá $39.247 millones.
En cambio, la incorporación de nuevos proyectos quedó reducida a una mínima expresión. Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande, en 2023 la Nación había iniciado 1.393 obras y en 2024 esa cifra cayó a apenas 18. La Secretaría de Obras Públicas dejó de actualizar esa información en mayo de 2025.
Viviendas, urbanización y ferrocarriles
Entre los programas que quedaron abandonados aparece el Procrear, destinado a la construcción de viviendas, y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba obras básicas en barrios populares, como redes de agua, electricidad y gas, además de pavimentos y cordones cuneta.
También se frenaron proyectos para construir nuevas rutas y mantener las existentes. Otro caso significativo es la electrificación del ferrocarril San Martín, para la que el Banco Interamericano de Desarrollo había otorgado un crédito de 400 millones de dólares. Esos fondos fueron destinados por el Ministerio de Economía a otros fines.
La situación de ese ramal continúa siendo deficitaria: según la Auditoría General de la Nación, el 64% del trayecto entre Retiro y Pilar tiene vías en estado regular o malo.
Una inversión pública en mínimos históricos
El volumen de recursos destinados a infraestructura también marca una diferencia respecto de períodos anteriores. De acuerdo con la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, la inversión pública acumulada durante los últimos tres años representó apenas 0,9% del PBI.
El informe compara ese nivel con el 2,1% destinado durante el período 2000-2003 y el 3,1% del segundo gobierno de Carlos Menem. El mayor registro citado corresponde al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la inversión pública alcanzó el 10,6% del PBI.
Según el análisis del Banco Provincia, el Gobierno nacional se encamina a registrar el menor gasto de capital desde el retorno de la democracia, considerando partidas destinadas a infraestructura como rutas, viviendas y escuelas.
El traspaso a provincias y municipios
La estrategia oficial también consiste en trasladar parte de las obras a otras jurisdicciones. En las últimas semanas, la Nación transfirió la autopista A012 a Santa Fe y las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro.
En Buenos Aires, en cambio, la Provincia reclama desde hace más de dos años hacerse cargo de la ruta 33 y completar la autopista Presidente Perón, sin obtener hasta ahora una respuesta favorable.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó la falta de avances y afirmó: “Hace más de dos años que venimos reclamando lo mismo. A Milei y Caputo no les interesa lo que sucede con los 12 millones de bonaerenses que necesitan esa autopista, ni el progreso de nuestras comunidades”.
El Presupuesto 2027 deja así una fotografía definida: la Nación reduce drásticamente la cantidad de obras bajo su responsabilidad, concentra los recursos en proyectos ya iniciados y deriva una parte creciente de la infraestructura hacia provincias y municipios, mientras la inversión pública nacional queda en el 0,4% del PBI.
