Un informe revela un incremento alarmante en las muertes causadas por el aparato represivo estatal durante el último año, reflejando políticas represivas y desafíos persistentes en la protección de los derechos humanos.
Durante el año pasado, se registraron 384 víctimas mortales a manos del aparato represivo estatal en diversas circunstancias, como casos de gatillo fácil, muertes en detención, represión a protestas y desapariciones, entre otros. Estos datos provienen del Archivo 2023 elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), presentado recientemente en la sede de ATE en Buenos Aires, en un evento que contó con la participación de las legisladoras nacionales Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Natalia Zaracho, de Unión por la Patria.
La abogada María del Carmen Verdú, representante de CORREPI, informó que desde diciembre de 1983 hasta el 20 de febrero de 2024, se han contabilizado un total de 9175 casos de violencia estatal, con 9149 de ellos ocurridos hasta el 31 de diciembre de 2023. Destacó que desde el cambio de gobierno en diciembre de 2023, se ha observado un aumento en los casos, evidenciando las políticas represivas del nuevo gobierno.
Durante los primeros 70 días de 2024, se registraron 63 nuevos casos, lo que indica un aumento significativo en comparación con años anteriores. La abogada describió uno de estos casos, donde un joven fue ejecutado por un disparo en la nuca dentro de su casa en José León Suárez.
De los 384 casos registrados en 2023, CORREPI identificó que 106 fueron gatillo fácil, 248 ocurrieron en custodia, 20 estaban relacionados con conflictos intrafamiliares o intrafuerza, incluyendo 12 femicidios de uniformados, y 1 fue en contexto de represión a la protesta. Además, se registraron 8 casos bajo otras modalidades, como el uso de vehículos policiales como armas.
Los datos recopilados hasta el momento completan la información sobre las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La gestión de Macri registró 1926 casos, mientras que la de Fernández contabilizó 1924. Verdú destacó el aumento significativo de casos durante el gobierno de Macri debido a políticas represivas como la Doctrina Chocobar.
Respecto al gobierno de Alberto Fernández, Verdú mencionó tres etapas distintas. La primera mostró un leve descenso en los casos de gatillo fácil tras la derogación de la Doctrina Chocobar por la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic. La segunda etapa, marcada por la pandemia, vio un aumento en los casos debido a la delegación de medidas sanitarias en las fuerzas de seguridad. La tercera etapa, con Aníbal Fernández a cargo del área de Seguridad, mantuvo un discurso más punitivista.
CORREPI también señaló los intentos de censura del gobierno actual sobre los medios públicos, lo que dificultaría la recopilación de información sobre casos de violencia estatal.
En cuanto a las fuerzas policiales, se destacó que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ha sido la más represiva, con 169 casos desde su creación en 2017, mientras que la Bonaerense registró 580 casos en el mismo período, a pesar de tener un número mucho mayor de efectivos.
