El Gobierno avanza el ataque a las políticas y organizaciones de derechos humanos, lo que incluye despidos masivos, el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y denuncias de espionaje a los trabajadores. Organismos de derechos humanos y legisladores denuncian las políticas de vaciamiento y negacionismo impulsadas por el secretario del gobierno libertario, Alberto Baños.
El Gobierno avanza en la desarticulación de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), desatando protestas entre sus trabajadores, quienes se enfrentan a un contexto de despidos masivos y un fuerte control policial en su sede de la ex-ESMA. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que la Policía Federal realizó tareas de espionaje, filmando a los manifestantes que se oponían al vaciamiento de los sitios de memoria. Esta situación se agrava con las denuncias de la legisladora Victoria Montenegro, quien prepara una denuncia penal contra el secretario Alberto Baños por su gestión.
La mañana en la sede de la SDH estuvo marcada por una larga fila de trabajadores que debían someterse a un control policial para ingresar a sus puestos. La angustia y la solidaridad se respiraban en el aire, mientras se organizaban asambleas para exigir la reapertura del Centro Cultural Haroldo Conti y la restitución de los derechos laborales. A la par de este clima de tensión, la CPM presentó una denuncia ante los tribunales por actividades de espionaje ilegal en el Espacio Memoria, donde se realizó una manifestación en defensa de los derechos humanos.
El 31 de diciembre, la secretaria privada de Baños comunicó el cierre del Conti y la eliminación de más de 1000 puestos de trabajo en el Ministerio de Justicia. Los trabajadores denunciaron que la gestión de Baños, que lleva casi un año al frente de la Secretaría, fue un proceso de vaciamiento institucional, afectando gravemente espacios clave como el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE).
La legisladora Victoria Montenegro, en solidaridad con los trabajadores, presentó una denuncia contra Baños por el vaciamiento de la Secretaría y su política negacionista. Diversos sectores políticos y organismos de derechos humanos se sumaron a la protesta, condenando las decisiones del Gobierno y expresando su apoyo a los trabajadores afectados. Además, se anunciaron futuras acciones de visibilización del conflicto, como una misa de apoyo y una ceremonia con velas, en un claro mensaje de resistencia a la política de desmemoria del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
