Los lineamientos iniciales del “Acuerdo Marco” impulsado por Washington comprometen sectores clave como el farmacéutico, la metalmecánica y parte del agro, con un esquema de apertura que debilita la capacidad regulatoria del país y expone a la industria local a una competencia asimétrica.
El gobierno de Estados Unidos presentó un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina, una iniciativa que busca —según la Casa Blanca— “modernizar la relación económica bilateral” mediante nuevos estándares comunes, desregulación y apertura de mercados. El anuncio surgió durante las reuniones entre el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado Marco Rubio, donde Washington celebró las reformas económicas aplicadas por el Ejecutivo argentino y las ubicó como condición para avanzar en un esquema más profundo de integración comercial. Los primeros documentos conocidos muestran una arquitectura pensada para facilitar el ingreso de productos estadounidenses con aranceles reducidos y un marco regulatorio más flexible.
Los borradores señalan que la Argentina otorgará acceso preferencial a medicamentos, maquinaria, insumos tecnológicos y productos agrícolas de origen estadounidense, mientras que Estados Unidos bajaría aranceles solo para algunos recursos naturales argentinos y fármacos sin patente. También se incorpora una cláusula que habilita a Washington a ponderar “criterios de seguridad nacional” al aplicar medidas comerciales, un punto que especialistas interpretan como una puerta abierta a futuras restricciones unilaterales. El plano agropecuario suma compromisos adicionales: mayor apertura para carne vacuna y aviar, ampliación del comercio de menudencias, cerdo y lácteos, y la garantía de no limitar ciertos usos denominativos que hoy protegen producciones locales.
El texto preliminar exige que la Argentina elimine barreras no arancelarias, licencias de importación y trámites consulares, además de una reducción gradual del impuesto estadístico aplicado a bienes estadounidenses. En paralelo, el país deberá alinearse con protocolos internacionales de control y seguridad, lo que incluye reconocer certificaciones de agencias como la FDA, un punto que pone en jaque a la industria farmacéutica nacional, que hasta ahora trabajaba bajo normas propias y regionales. Para la metalmecánica y otras ramas fabriles, el impacto podría sentirse en la pérdida de protección ante una competencia de escala global que opera con costos y financiamiento incomparables.
En conjunto, el acuerdo configura un escenario donde la apertura avanza más rápido que las compensaciones, dejando expuestos a sectores que ya venían operando bajo presión por caída del mercado interno y atraso tecnológico. Economistas industriales advierten que, sin políticas activas ni salvaguardas transitorias, el esquema consolidaría un perfil primarizador de la economía argentina y reforzaría la dependencia de exportaciones de bajo valor agregado, mientras los segmentos de mayor contenido científico y técnico quedarían desplazados por la oferta estadounidense.
