El ministro de Economía sostuvo que los préstamos del Banco Nación son “legales y morales”, aseguró que él mismo impulsó a funcionarios a tomarlos y descartó vínculos con recientes salidas en el Gobierno. La oposición judicializó el caso y reclama investigar tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
En plena controversia por los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores oficialistas, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la operatoria y relativizó las críticas. “Yo le digo a todo el mundo: vayan a tomar créditos hipotecarios”, afirmó en una entrevista televisiva, donde incluso aseguró que indujo personalmente a integrantes del Gobierno a acceder a esos préstamos por considerarlos “una oportunidad única” que “le conviene al país”. En esa línea, insistió en que no hubo irregularidades y remarcó que el acceso a financiamiento es una práctica habitual: “No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral”.
El eje de la polémica está puesto en una serie de créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Poder Ejecutivo y a legisladores libertarios, varios de ellos por montos millonarios. Dentro del entorno del propio ministro aparecen el secretario de Finanzas, Federico Furiase (más de 367 millones de pesos), el asesor Felipe Núñez (unos 373 millones) y Juan Pedro Inchauspe, director del Banco Central, todos con préstamos que en conjunto rozan los mil millones. También figuran dirigentes como Alejandro Bongiovanni (255 millones), Lorena Villaverde (con deudas entre 230 y 279 millones), Santiago Santurio (340 millones), Mariano Campero (322 millones), Juan Pablo Carreira (casi 113 millones) y Federico Sharif Menem (357 millones). En ese marco, Caputo negó cualquier trato preferencial y argumentó que los funcionarios operan con esa entidad porque allí perciben sus salarios.
La defensa oficial chocó con cuestionamientos que apuntan tanto a la coherencia política como a los criterios técnicos del otorgamiento. Mientras el Gobierno promueve el achique del Estado e incluso llegó a plantear la privatización de la banca pública, el Banco Nación quedó en el centro de la escena por facilitar estos créditos. A nivel judicial, la diputada Mónica Frade presentó una denuncia para que se investiguen posibles delitos como tráfico de influencias. En su planteo, advirtió que la normativa del Banco Central exige evaluar la capacidad de repago considerando la estabilidad de los ingresos, algo que —según sostuvo— podría no cumplirse en el caso de funcionarios y legisladores con mandatos limitados. En paralelo, el diputado Esteban Paulón impulsó pedidos de informes al Banco Nación, al Banco Central y al Poder Ejecutivo para determinar si hubo influencia institucional o acceso a información privilegiada.
El tema también se cruzó con movimientos internos del Gobierno. Caputo buscó desvincular la salida de Leandro Massaccesi, funcionario del área de Capital Humano que había accedido a un crédito cercano a los 420 millones de pesos, y aseguró que la ministra Sandra Pettovello le aclaró que no tuvo relación con el caso. A la par, el ministro defendió al vocero Manuel Adorni, envuelto en otras polémicas por su patrimonio y sus viajes, y atribuyó las denuncias a una “guerra” mediática contra el oficialismo. “Hay que defenderse en la Justicia, no en los medios”, planteó, al tiempo que sostuvo que estos episodios no impactan en variables como el riesgo país o las inversiones, sino en la “volatilidad política”.
En ese contexto, Caputo también dejó definiciones sobre el nivel de endeudamiento de las familias, en línea con su defensa del acceso al crédito. Aseguró que “no es un problema tener deuda” y que en la mayoría de los países la población vive financiándose, por lo que consideró necesario “desmitificar” esa situación. Según su visión, eventuales dificultades deben ser absorbidas por el sistema financiero y no constituyen un riesgo estructural. Sin embargo, la controversia por los créditos del Nación sigue abierta y combina cuestionamientos éticos, técnicos y políticos que ya se trasladaron tanto a la Justicia como al Congreso.
