El Gobierno eliminó las compensaciones estatales que recibían las compañías de larga distancia por otorgar boletos sin cargo. Pese a esto, las empresas denuncian deudas del Estado acumuladas desde 2024.
El gobierno de Javier Milei eliminó el esquema mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y transfiere a las compañías privadas la responsabilidad de asumir esos costos sin asistencia estatal.
Hasta ahora, el Estado nacional reintegraba parcialmente a las empresas los boletos emitidos bajo las leyes de discapacidad, trasplantes y oncología infantil. La nueva resolución deroga ese mecanismo en el marco de la desregulación del transporte interjurisdiccional impulsada por el Ejecutivo mediante el Decreto 883/2024. Según el argumento oficial, el nuevo esquema de “libertad tarifaria” permite que las compañías incorporen esas obligaciones dentro de sus costos operativos habituales.
El Gobierno aclaró que el derecho a viajar gratuitamente no fue eliminado y que las leyes que garantizan esos pasajes continúan plenamente vigentes. Sin embargo, la decisión genera preocupación entre organizaciones y usuarios porque las empresas dejarán de recibir cualquier compensación por cumplir con esa obligación legal. En los hechos, el temor es que comiencen a multiplicarse las restricciones, demoras o dificultades para acceder a los boletos gratuitos, en un contexto donde muchas compañías ya venían limitando cupos o imponiendo trabas burocráticas.
La resolución sostiene que el impacto económico se limita a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados. Pero detrás de esa formulación aparece un cambio profundo: el Estado deja de asumir parte del costo de una política pública vinculada a derechos sociales y sanitarios. La gratuidad alcanzaba a personas con discapacidad, pacientes incluidos en el sistema nacional de trasplantes y menores con cáncer que necesitan trasladarse para realizar tratamientos médicos.
Además, el Ejecutivo encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte mantener los controles para garantizar que las empresas continúen entregando los pasajes. La medida ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, aunque preserva los pagos correspondientes a compensaciones devengadas antes de la derogación.
La decisión se suma a una serie de recortes y conflictos vinculados al área de discapacidad y salud durante los últimos meses. Organizaciones del sector vienen denunciando demoras en pagos, restricciones en prestaciones y un creciente deterioro de las condiciones de acceso a tratamientos y derechos básicos. En ese marco, la eliminación de las compensaciones para pasajes gratuitos profundizó las críticas hacia la política oficial sobre discapacidad y asistencia sanitaria.
