Las subas fueron oficializadas a través de seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Alcanzan a usuarios de gas natural y propano en varias provincias y comenzaron a regir este jueves, en el inicio de la temporada de mayor consumo.
El Gobierno nacional aprobó una nueva actualización de las tarifas de gas para distintos puntos del país mediante resoluciones del Ente Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege). La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece incrementos para usuarios abastecidos por diversas distribuidoras de gas natural y propano, en un contexto marcado por la continuidad de la emergencia energética vigente hasta fines de 2027.
Entre las localidades alcanzadas figuran Ameghino, en la provincia de Buenos Aires; Malargüe, en Mendoza; distintas zonas de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco; localidades de Santa Cruz y Chubut; Rufino, en Santa Fe; y sectores de Carmen de Areco y San Andrés de Giles. Los nuevos cuadros tarifarios contemplan aumentos en los cargos fijos mensuales y en los valores aplicados al consumo por metro cúbico, con diferencias según la región, la distribuidora y la categoría de usuario.
Las resoluciones también incluyen actualizaciones para usuarios residenciales, comerciales y estaciones de GNC. En algunos casos, los cargos fijos superan los 30 mil pesos mensuales, mientras que los valores por consumo presentan variaciones de acuerdo con las características de cada zona. Los nuevos esquemas tarifarios entraron en vigencia de manera inmediata tras su publicación oficial.
La decisión se conoce en la antesala del invierno, período en el que la demanda de gas suele incrementarse por las bajas temperaturas. En paralelo, continúa el proceso de reducción de subsidios impulsado por el Gobierno nacional, una política que durante los últimos dos años alcanzó a cerca de 900 mil hogares, en línea con la estrategia oficial de disminución del gasto público y equilibrio fiscal.
Para organizaciones de defensa de consumidores y sectores opositores, las nuevas subas profundizan el impacto de los servicios públicos sobre los ingresos familiares, especialmente en un escenario de recuperación económica desigual y persistente presión sobre el costo de vida. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que la recomposición tarifaria forma parte del esquema de normalización del sistema energético y de reducción de subsidios estatales.
