Las rectificaciones presentadas por el vocero presidencial en sus declaraciones juradas reavivaron las dudas sobre la evolución de su patrimonio. La incorporación posterior de activos no informados originalmente generó diferencias millonarias entre los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción.
Las sucesivas correcciones realizadas por Manuel Adorni en sus declaraciones juradas volvieron a colocar bajo la lupa el crecimiento de su patrimonio. Al comparar la presentación original de 2023 con la versión rectificada difundida esta semana surge una diferencia llamativa: el patrimonio declarado pasó de poco más de $25 millones a más de $515 millones entre el inicio y el cierre de aquel año, un salto que, tomado literalmente, equivale a casi $490 millones en apenas 17 días.
La explicación de esa diferencia aparece en la incorporación de activos vinculados a inversiones en criptomonedas que no habían sido consignados en la declaración original. Según sostuvo el funcionario, se trata de fondos obtenidos antes de ingresar al gobierno y vinculados a operaciones con bitcoin realizadas años atrás. La rectificación incluyó más de USD 565.000 que, de acuerdo con su versión, formaban parte de su patrimonio previo a su llegada a la función pública.
Las modificaciones no se limitaron a 2023. La declaración correspondiente a 2024 también debió ser corregida y exhibe diferencias significativas respecto de las versiones anteriores. Entre los cambios aparecen un aumento patrimonial superior a los $550 millones, una herencia que no figuraba en la presentación original y bienes incorporados posteriormente, entre ellos una propiedad ubicada en el country Indio Cuá.
Las reiteradas rectificaciones abrieron interrogantes sobre la consistencia de la información patrimonial presentada por el vocero presidencial. Mientras Adorni asegura que las diferencias obedecen a omisiones corregidas para reflejar correctamente sus activos, los cambios alimentan cuestionamientos sobre el origen y la evolución de una fortuna cuya explicación quedó nuevamente en el centro del debate público.
El caso también volvió a poner atención sobre los años previos a su desembarco en la administración libertaria. Según explicó el propio funcionario, buena parte de su patrimonio proviene de operaciones con criptomonedas realizadas entre 2017 y 2018. Sin embargo, durante ese período se desempeñaba en áreas administrativas del entonces Ministerio de Cultura, un dato que alimenta nuevas preguntas sobre la construcción de los activos que hoy figuran en sus declaraciones juradas.
