El proyecto de Presupuesto 2027 destina apenas $7,4 billones al sistema universitario, frente a los $11 billones que dicta la ley de Financiamiento Universitario. Con salarios, ciencia, infraestructura y becas, la demanda total trepa a $18 billones: dos veces y media lo que ofrece el Gobierno.
El gobierno de Javier Milei decidió llevar el ataque contra las universidades nacionales hasta el proyecto de Presupuesto 2027. Después de agotar las vías judiciales para evitar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, el oficialismo directamente incorporó en la llamada ley de leyes una partida que queda $3,6 billones por debajo de lo que establece la norma.
El proyecto que ingresó al Congreso contempla poco más de $7,4 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en cambio, presentó ante los legisladores una planificación de $11 billones para atender los gastos de funcionamiento y los salarios de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso y ratificada con mayoría especial después del veto presidencial. De ese monto, $8,4 billones corresponden exclusivamente a salarios.
La brecha se vuelve todavía mayor si se incorporan las políticas estratégicas que las universidades consideran indispensables para sostener y desarrollar el sistema. El CIN reclama otros $7 billones para ciencia y técnica, arte, infraestructura y becas Progresar. El cálculo total asciende así a $18 billones, nada menos que 2,5 veces el presupuesto universitario que pretende imponer el Gobierno.
El conflicto salarial expone con particular crudeza la distancia entre la ley y la política oficial. A casi un año de la aprobación de la norma, el Gobierno reconoce apenas un 21,3% de aumento salarial, formalizado en julio mediante un acta que firmaron dos de las tres principales federaciones docentes. Para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, la recomposición debería haber superado el 50%, según los parámetros fijados por la propia ley. En la última paritaria, además, el Ejecutivo ofreció apenas 3% para septiembre, cuando el cumplimiento de la norma exige una recomposición cercana al 35%.
Una maniobra para esquivar la ley
La jugada oficial tiene un antecedente inmediato. En el proyecto de Presupuesto 2026, el Gobierno había intentado incluir un artículo para derogar explícitamente la ley de Financiamiento Universitario. El Congreso no aprobó esa disposición. Esta vez optó por otra vía: el proyecto ni siquiera menciona la norma y, al mismo tiempo, asigna recursos incompatibles con sus obligaciones.
La estrategia apunta a construir una suerte de derogación tácita: que los mismos legisladores que aprobaron la ley terminen aprobando ahora un Presupuesto que no contempla los fondos necesarios para cumplirla. De ese modo, el Gobierno buscaría convertir al propio Congreso en el respaldo político de su incumplimiento.
El problema es que no existe jurídicamente una derogación tácita de una norma, según señalaron fuentes cercanas al juzgado de Martín Cormick, que interviene en la causa por el incumplimiento del Gobierno. La maniobra, por lo tanto, no elimina el conflicto judicial: puede incluso aportar nuevos elementos a una causa que ya discute la negativa del Ejecutivo a acatar una ley vigente.
La norma actualmente cuestionada por el Gobierno tiene vigencia hasta enero de 2027, ya que regula los fondos correspondientes al ejercicio 2026. El oficialismo parece apostar a estirar el conflicto hasta entonces mediante maniobras presupuestarias y legislativas, mientras intenta presentar como decisión del Congreso lo que hasta ahora fue una decisión del Poder Ejecutivo: no cumplir con la ley.
Mientras tanto, las federaciones docentes y no docentes mantienen el plan de lucha. Este martes hubo clases públicas en distintos puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, y para la primera semana de octubre está prevista una nueva marcha federal universitaria. También se prepara una agenda de paros que desembocaría en la quinta marcha nacional universitaria.
La presentación del Presupuesto anticipa además el rechazo sindical a la propuesta oficial en la próxima reunión paritaria, prevista para este jueves. El conflicto ya no gira solamente alrededor de una actualización salarial: enfrenta a un Gobierno que se niega a financiar lo que establece una ley vigente con un sistema universitario que reclama $18 billones para sostener salarios, investigación, infraestructura, becas y funcionamiento.
