El Presidente retomó el caso del financista Fred Machado luego de que en Estados Unidos avanzara un acuerdo judicial que lo desligaría de las acusaciones por narcotráfico. Desde el oficialismo sostienen que la causa fue utilizada para perjudicar políticamente a José Luis Espert.
En plena crisis política por las denuncias que involucran a Manuel Adorni, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo y aprovechó novedades judiciales en Estados Unidos para reivindicar públicamente a José Luis Espert. El mandatario sostuvo que el economista fue víctima de una “operación política y mediática infame” a raíz de su vínculo con el financista Federico “Fred” Machado.
El caso volvió a escena luego de que Machado, extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025, modificara su estrategia judicial y aceptara declararse culpable por delitos económicos vinculados al lavado de activos y fraude fiscal. A cambio, busca quedar desvinculado de la acusación más grave por narcotráfico, una definición que todavía debe ser homologada por la Justicia norteamericana.
Desde sus redes sociales, Milei interpretó el giro judicial como una reivindicación de Espert, cuya candidatura había quedado golpeada el año pasado por el escándalo. “Lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas”, escribió el Presidente, quien además volvió a apuntar contra “periodistas de mierda”, una fórmula que utiliza habitualmente para cuestionar coberturas críticas sobre el Gobierno.
El episodio se produce en un momento particularmente delicado para la Casa Rosada, atravesada por las repercusiones del caso Adorni y por nuevas tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. En ese contexto, Milei eligió retomar una de las polémicas que más afectaron al oficialismo durante 2025 y convertirla en una ofensiva contra la prensa y la oposición.
Machado permanece detenido desde hace seis meses en una cárcel de Oklahoma y todavía espera que el juez estadounidense valide el acuerdo alcanzado con la fiscalía. La resolución será clave para determinar si queda definitivamente desligado de las acusaciones por narcotráfico o si continúa enfrentando cargos más graves. La defensa del financista también intenta que se computen los años de arresto domiciliario que cumplió en Argentina para reducir una eventual condena.
