El juez Marcelo Martínez de Giorgi sostuvo que el expolicía modificó nombres, direcciones y anotaciones clave en los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, en una maniobra que alteró el sentido probatorio del expediente y que habría apuntado a perjudicar al empresario Armando Loson.
La Justicia dictó un nuevo procesamiento contra Jorge Bacigalupo al concluir, después de una serie de peritajes caligráficos y lingüísticos, que él había introducido enmiendas, agregados y sustituciones en los cuadernos vinculados a la causa 9608/2018. La decisión recayó nuevamente en el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que revisó el caso tras la falta de mérito dispuesta por la Cámara Federal. Según la resolución, la intervención se concentró en los cuadernos N.º 4 y N.º 7, donde se detectaron correcciones de nombres —como el reemplazo de “Marcelo” por “Armando”—, alteraciones de direcciones y la inclusión de referencias como “Ing. Ferreyra”.
Los estudios grafoscópicos, scopométricos y lingüísticos concluyeron que las anotaciones cuestionadas no pertenecen al puño de Oscar Centeno, sino al de Bacigalupo, y que fueron introducidas de manera planificada y ajena a un registro escrito día por día. Los expertos remarcaron tachaduras, sobreescrituras, comillas preinsertadas y espacios completados con posterioridad, además de un estilo incompatible con el de los manuscritos originales de 2008 y 2009. Para el juzgado, esa intervención tuvo un propósito concreto: favorecer a un tercero y cargar responsabilidad sobre Armando Loson, cuya denuncia de 2022 dio origen a esta pesquisa paralela.
El fallo calificó las maniobras como encubrimiento agravado y falsificación de documento, ya que las modificaciones fueron empleadas para desviar el sentido de la prueba utilizada en el juicio principal. Martínez de Giorgi advirtió que la adulteración podría abrir la puerta a nuevas hipótesis delictivas y otros posibles implicados, por lo que ordenó profundizar la investigación. El procesamiento se dictó sin prisión preventiva, aunque Bacigalupo quedó embargado por 150 millones de pesos y con prohibición de salida del país, en un capítulo que vuelve a tensar el desarrollo del juicio del Tribunal Oral Federal N.º 7.
