El Gobierno oficializó una suba salarial para ministros, secretarios y subsecretarios, que iguala los incrementos acordados en paritarias estatales entre 2024 y 2025. La medida excluye al Presidente y a la Vicepresidenta y queda atada al mantenimiento del superávit fiscal.
El arranque de 2026 llegó con una mejora salarial para los altos cargos del Ejecutivo nacional. Este viernes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 931/2025, que habilita aumentos de sueldos para ministros, secretarios y subsecretarios, quienes pasarán a percibir las mismas subas acumuladas que recibió el personal de la Administración Pública Nacional entre enero de 2024 y julio de 2025. La decisión comienza a regir desde este mes y no tiene carácter retroactivo.
La norma establece que, a partir de ahora, los incrementos salariales que se acuerden en las paritarias generales del Estado se trasladarán automáticamente a los funcionarios políticos, siempre que el Gobierno sostenga el superávit fiscal. En caso contrario, el esquema prevé un freno inmediato: si se registra un déficit fiscal financiero acumulado, las remuneraciones quedarán congeladas de pleno derecho, sin necesidad de un nuevo acto administrativo, hasta que se recomponga el resultado positivo de las cuentas públicas.
El decreto alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades con rango equivalente, pero deja explícitamente afuera al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no percibirán estas actualizaciones. Desde el Ejecutivo aclararon que la medida no implica pagos retroactivos y que se limita a equiparar a los funcionarios con la evolución salarial del resto de la administración.
En los considerandos, el Gobierno justificó la decisión en el congelamiento salarial vigente desde diciembre de 2023 y en los resultados económicos que atribuye a su gestión. Allí se mencionan 22 meses de superávit fiscal, el descenso de la inflación y una reducción del índice de pobreza como fundamentos para habilitar la recomposición de los sueldos en la cúpula del Estado. Según el texto oficial, estos indicadores demuestran que las políticas aplicadas “resultan conducentes a la corrección de los desequilibrios fiscales, macroeconómicos y financieros”.
La publicación del decreto volvió a encender la discusión sobre quiénes se benefician con la recuperación salarial en un contexto de ajuste y recortes en otras áreas del sector público, mientras el Ejecutivo insiste en que cualquier mejora queda condicionada a la continuidad del orden fiscal.
