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DENUNCIAN QUE LA AFIP DE MACRI ARMÓ UN SISTEMA DE PERSECUCIÓN FISCAL CONTRA DIRIGENTES OPOSITORES Y EMPRESARIOS

Auditorías realizadas en 2020 revelaron que durante el gobierno de Mauricio Macri se implementó un esquema de hostigamiento fiscal contra dirigentes kirchneristas y empresarios. Equipos especiales ingresaron irregularmente al sistema, violaron el secreto fiscal y armaron carpetas para perseguir a más de 50 contribuyentes.

El gobierno de Javier Milei desató este lunes una controversia mediática al sostener que en 2016, durante la gestión de la AFIP, el kirchnerismo habría diseñado una red para proteger a 50 empresas vinculadas a dirigentes peronistas. Sin embargo, los hechos y auditorías realizadas posteriormente desmienten esta versión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la AFIP, liderada por Alberto Abad y Leandro Cuccioli, fue señalada por operar un sistema de persecución fiscal contra empresas y figuras opositoras.

Una denuncia presentada en 2020 por Mercedes Marcó del Pont, entonces titular de la AFIP, reveló la existencia de un esquema sistemático de hostigamiento fiscal. Según la denuncia, equipos designados específicamente –conocidos como “grupos de tareas”– realizaban maniobras irregulares contra Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos, y un listado de empresarios y empresas, vulnerando el secreto fiscal, la neutralidad del organismo, y las garantías del debido proceso.

Evidencia de persecución fiscal

Auditorías realizadas en 2020 confirmaron graves irregularidades en el accionar de la AFIP durante el macrismo:

Falta de neutralidad: Se priorizó el hostigamiento de opositores, violando el mandato ético de igualdad entre contribuyentes.

Clandestinidad: La familia Kirchner no fue notificada adecuadamente, enviando oficios a domicilios incorrectos para dificultar la defensa.

Violación del debido proceso: No se permitió a los contribuyentes ejercer su defensa, contraviniendo las leyes fiscales.

Grupos de tareas: Equipos alineados con el macrismo diseñaron carpetas y realizaron ingresos irregulares en el sistema de la AFIP, violando el secreto fiscal.

Además, la denuncia fue reforzada por el contexto general de persecución política en el macrismo, donde la AFIP operó en coordinación con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el aparato judicial para hostigar a opositores. La denominada “mesa judicial” de la Casa Rosada dirigía estas maniobras, integrando el hostigamiento fiscal con causas armadas en Comodoro Py.

La realidad detrás de la supuesta red de “protegidos”

El gobierno de Milei intentó instalar que este listado de empresas representaba un sistema de protección en 2016, pero las pruebas indican que la lista fue creada para perseguir a los implicados. La ofensiva incluyó detenciones en el penal de Ezeiza y la intervención de muchas de estas empresas, que dejaron de operar. Argumentar que existió “protección” en el gobierno de Alberto Fernández carece de sentido, ya que estas empresas se encontraban prácticamente desmanteladas o judicializadas tras el hostigamiento macrista.

El caso deja al descubierto un uso indebido del aparato estatal durante el macrismo, que lejos de garantizar neutralidad fiscal, utilizó a la AFIP como herramienta de persecución política, en contradicción con los principios de igualdad y legalidad que deben regir a los organismos públicos.

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