Tras un año de políticas de desregulación económica, la promesa de mayor libertad y competencia no se tradujo en mejoras para la población. El consumo masivo continúa en caída, los precios se disparan por encima de la inflación y el sobreendeudamiento golpea a las familias.
A casi un año de implementarse el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que desreguló ampliamente actividades del comercio, servicios e industria, el gobierno nacional sumó una nueva ola de medidas con la derogación de 43 normas nacionales. No obstante, los efectos positivos esperados del libre mercado aún no se reflejan en el bienestar de la población. Los niveles de consumo continúan en descenso, registrando en octubre una caída del 20%, mientras los comercios anticipan aumentos de precios de entre el 7% y el 10% por encima de la inflación mensual. Esto generó un incremento en los reclamos de consumidores, que enfrentan dificultades en rubros esenciales como alimentación, pagos de tarjetas de crédito, alquileres y servicios básicos.
El contexto económico impulsó un problema cada vez más alarmante: el sobreendeudamiento familiar. Con ingresos insuficientes para cubrir el costo de vida básico, muchas familias recurren al crédito, enfrentando intereses elevados y condiciones usurarias. Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) atribuye esta situación al impacto combinado de un ajuste fiscal severo y el salto inflacionario de diciembre de 2023, que erosionaron el poder adquisitivo y desaceleraron la economía mediante un derrumbe del consumo.
Salarios y empleo: en caída constante
La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados alcanzó un promedio del 10% respecto al período 2022-2023, y un acumulado del 25% desde 2016, según datos de la CTA-A. A esto se suma una informalidad laboral que afecta a la mitad de la fuerza laboral activa y una reforma legal que normaliza prácticas de fraude laboral. El salario mínimo también dejó de ser un parámetro viable para garantizar necesidades básicas, registrando una pérdida del 28% de su capacidad de compra y ubicándose incluso por debajo de los niveles de 2001.
En el primer trimestre de 2024, el 44,7% de los trabajadores ocupados estaba en situación de pobreza, y el 13,8% en indigencia, lo que refleja un deterioro alarmante de las condiciones de vida. Familias enteras redujeron drásticamente el consumo de alimentos esenciales como carne y lácteos, exacerbando una crisis alimentaria que afecta al 52% de los hogares con niños y adolescentes.
Desregulación y consumo: un panorama crítico
La reciente eliminación de regulaciones sobre precios de carne, lácteos y neumáticos, sumada al fin de programas como Precios Justos, propició un escenario de precios descontrolados. Entre enero y octubre de 2024, el consumo per cápita de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 28 años (47,2 kg anuales), mientras que el consumo de lácteos registró una disminución del 11,8% hasta septiembre, con proyecciones de una baja adicional del 6-8% para fin de año.
Los comercios, particularmente en sectores como alimentos y bebidas, registran aumentos de precios que superan la inflación mensual. Esto se agrava con un contexto de caída en las ventas: en octubre, las ventas minoristas retrocedieron un 20,4% interanual, acumulando una contracción del 12,8% en el año. Las pymes, aunque registraron un leve crecimiento interanual del 2,9% en octubre, enfrentan grandes desafíos. Según la CAME, el principal obstáculo señalado por los comerciantes es la falta de ventas, que deja un panorama incierto de cara a fin de año.
El costo social de las políticas económicas
La creciente precarización económica tiene efectos profundos en los sectores más vulnerables. En los barrios populares, una familia tipo necesitó en octubre $414.923 para cubrir necesidades básicas, un aumento del 160% respecto al mismo mes de 2023, según el ISEPCi. Esto refleja un desbalance insostenible entre ingresos y el costo de vida. La eliminación de programas como “Mercado en tu Barrio” o “Mercado Federal Ambulante”, diseñados para garantizar precios accesibles, dejó a muchas familias sin alternativas viables para enfrentar la crisis.
Perspectivas para el cierre de 2024
A pesar de las intenciones del oficialismo de estabilizar la inflación, los precios de alimentos mostraron señales de aceleración en noviembre, con incrementos en productos esenciales como azúcar, bebidas e infusiones, y panificados. Según diversas consultoras privadas, la inflación mensual podría ubicarse nuevamente cerca del 3%. Esto complica el objetivo oficial de liberar el mercado de cambios tras varios meses consecutivos de desaceleración inflacionaria.
En conclusión, el balance del primer año de gestión libertaria expone las limitaciones de un modelo económico basado en la desregulación total. Mientras los costos sociales aumentan, el consumo sigue en caída y los indicadores económicos no logran revertir una crisis estructural que afecta a millones de argentinos.
