Miles de personas con discapacidad enfrentan la amenaza de perder sus pensiones en el marco del ajuste impulsado por el Gobierno, que exige auditorías personales bajo riesgo de corte. Las organizaciones denuncian el proceso como inconstitucional y discriminatorio, mientras que los familiares temen por el impacto de la medida en calidad de vida de los beneficiarios.
Lucrecia, una mujer con síndrome de Down de 40 años que trabaja medio tiempo en un centro comunitario, recibió en agosto una carta documento en su casa. La remitente fue la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular, Diego Spagnuolo, fue abogado personal de Javier Milei. En la notificación se le advertía que, si no presentaba documentación que acreditara sus ingresos mensuales, podría perder su pensión por invalidez. Al día siguiente, acudió junto a sus padres jubilados a la oficina estatal indicada, solo para encontrarse con una larga fila de personas con discapacidad, algunas en sillas de ruedas, otras con acompañantes. Tras una espera de más de una hora, entregó sus papeles y respondió algunas preguntas, pero no recibió la certeza de que seguiría contando con su pensión: le dijeron que el proceso de revisión tardaría otros 60 días.
Esta situación es moneda corriente para miles de personas con discapacidad en los últimos meses, incluso aquellas que residen en hospitales psiquiátricos, como el Borda. La citación les exige presentar documentación que acredite su situación de invalidez bajo la advertencia de que, de no cumplir, podrían perder el beneficio. Cada día, unas 200 personas se presentan en la sede de ANDIS en Congreso, sumidas en la incertidumbre de si sus pensiones seguirán siendo válidas. El Gobierno ya anunció un recorte de 200 mil pensiones para el año próximo, según consta en el presupuesto de 2025. “Estamos a la espera y tenemos miedo. Ella necesita esa pensión para vivir de forma independiente”, comentaron los familiares de Lucrecia.
La ANDIS argumenta que las citaciones forman parte de una auditoría de beneficiarios en línea con la política de fiscalización social impulsada por el gobierno actual, que se ampara en un decreto de 1997, restituido recientemente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Sin embargo, organizaciones de derechos de personas con discapacidad califican el proceso como inconstitucional y violento. “La pensión es un derecho adquirido de por vida, garantizado por la Convención de la OIT con rango constitucional”, explicó Ana Dones, representante de la Red de Personas con Discapacidad (REDI).
Recortes en cifras
Diego Spagnuolo, director de ANDIS, justificó las auditorías alegando un supuesto descontrol en la asignación de pensiones. Sin embargo, actualmente solo el 20% de las personas con discapacidad reciben una pensión, según la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), poniendo en duda el argumento oficial. La ayuda otorgada, además, es muy baja, representando el 70% de una jubilación mínima (164 mil pesos), con la posibilidad de llegar a 234 mil con un bono adicional de ANSES.
Aunque Spagnuolo menciona que el recorte inicial abarcaría 200 mil pensiones, el ajuste de 1.600 millones de dólares previsto para el sector discapacidad en 2025 indica que la poda podría alcanzar las 600 mil pensiones, como se establece en el plan de ajuste anunciado por el ministro Sturzenegger. Las pensiones se reducirían de 1.226.819 actuales a 1.034.447 en 2025, lo que afectaría inicialmente a unas 192.372 personas.
Una reforma restrictiva
La base legal de este ajuste está en la reforma de los requisitos de acceso a las pensiones, implementada mediante el DNU 843/2024, firmado por Milei y el ministro Luis Caputo. Esta normativa volvió a hacer incompatible el cobro de la pensión con el empleo registrado o la posesión de un vehículo. Las organizaciones denuncian que el decreto es regresivo y refuerza una visión anticuada de la discapacidad, centrada solo en la incapacidad física. “El 85% de las personas con síndrome de Down no tienen empleo. Sin embargo, necesitan la pensión para subsistir”, afirmó Sabrina Herreros, directiva de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).
Además del recorte en pensiones, también se registraron dificultades para acceder a beneficios adicionales, como pasajes gratuitos, y el programa de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad (Adaju) se encuentra en riesgo debido a los despidos en el sector estatal.
ASDRA también expresó preocupación por las recientes declaraciones del presidente Milei, quien utilizó términos peyorativos como “minusválidos” y “problema mental” en sus discursos, lo que generó rechazo en la comunidad de personas con discapacidad. A pesar de los intentos de ASDRA de reunirse con el director de ANDIS, no recibieron respuesta.
La vía judicial
El ajuste de pensiones por discapacidad no es un tema nuevo; ya en 2017, REDI presentó un amparo contra la poda realizada durante el gobierno de Mauricio Macri, logrando que la justicia ordenara la restitución de buena parte de las 170 mil pensiones que habían sido eliminadas. Ante la actual ola de recortes, el gobierno libertario decidió tomar la iniciativa: denunció a la gestión anterior por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en el manejo de las pensiones, en una causa impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán. Curiosamente, esa denuncia fue mencionada en las cartas documento enviadas a los actuales beneficiarios, aumentando la presión sobre ellos.
Como detalle insólito, la denuncia incluye como prueba la radiografía de la columna de un perro, presentada supuestamente como certificación de discapacidad en un caso de fraude en Corrientes, aunque esta versión fue desmentida por los médicos de ANDIS, quienes aclararon que la pensión había sido rechazada al detectar el intento de fraude.
