Un proyecto de decreto que busca desregular los aranceles en las prestaciones para personas con discapacidad despierta preocupación en organizaciones y familias, quienes advierten sobre posibles efectos negativos en la calidad y universalidad de la atención: “Va a generar ciudadanos de primera y de segunda, en un colectivo ya de por sí vulnerado”.
Las personas, familias, trabajadores, trabajadoras y organizaciones vinculadas a la discapacidad han estado luchando durante años por mejoras en su acceso a derechos. Sin embargo, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, junto con otros grupos vulnerables de la sociedad, han visto empeorar su situación.
La semana pasada, surgieron nuevas preocupaciones ante un proyecto de decreto que busca desregular el nomenclador que establece, desde hace 25 años, los mismos aranceles por prestación para todos los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación. Se plantea dejar que la mano invisible del mercado dicte las reglas.
El proyecto de decreto, fechado el 8 de mayo y firmado por Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), propone que cada organismo público nacional financiador del sistema establezca de manera independiente los valores arancelarios de las prestaciones, sin coordinación entre ellos.
Este texto filtrado alarmó a las organizaciones de familias y trabajadores acostumbrados a luchar por el aumento de los aranceles del Nomenclador. Ahora, se ven obligados a enfrentar la lucha contra su desregulación.
El Consejo Argentino Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) advirtió sobre los posibles efectos negativos de esta medida, afirmando que fragmentar los aranceles entre los financiadores del sistema socavaría la universalidad y la calidad de la atención, y sería una medida regresiva para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Organizaciones y familiares de personas con discapacidad han expresado su rechazo a esta propuesta y han pedido que no se avance en ese sentido. Mientras tanto, continúa el reclamo por declarar la emergencia en el ámbito de la discapacidad.
