EL GOBIERNO ORDENÓ UN VIOLENTO OPERATIVO DE ALLANAMIENTOS A COMEDORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES

La Policía Federal realizó allanamientos a dirigentes y sedes de organizaciones sociales por denuncias de extorsión a beneficiarios de planes sociales, desatando críticas y denuncias de violencia por parte de los afectados. El gobierno nacional respalda la medida, citando supuestas pruebas de coacción.

La Policía Federal realizó allanamientos a dirigentes y sedes de organizaciones sociales por denuncias de extorsión a beneficiarios de planes sociales, desatando críticas y denuncias de violencia por parte de los afectados. El gobierno nacional respalda la medida, citando supuestas pruebas de coacción.

En la madrugada de este lunes, la Policía Federal llevó a cabo múltiples allanamientos a organizaciones sociales y a sus líderes por orden de la justicia federal, en respuesta a una denuncia del gobierno nacional por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales.

El operativo, que comenzó temprano, incluyó 18 allanamientos hasta el momento, dirigidos a comedores populares, locales partidarios y domicilios de dirigentes del Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y el Frente Organizaciones en Lucha (FOL). Los dirigentes denunciaron el uso de violencia por parte de la policía, incluyendo la rotura de puertas y amenazas a sus familias, además del secuestro de dispositivos electrónicos.

La Federación Nacional de Trabajadores Cooperativistas Precarizados y de la Economía Social + CTD Aníbal Verón emitió un comunicado denunciando la escalada represiva y convocó a una conferencia de prensa frente al Congreso Nacional.

Estos allanamientos se originan en una causa iniciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de supuestas denuncias recibidas en la Línea 134 por parte de beneficiarios de planes sociales que afirmaron haber recibido amenazas de dirigentes u organizaciones.

Inicialmente, el juez federal Sebastián Casanello había rechazado los allanamientos por falta de pruebas, pero la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó esa decisión y ordenó avanzar con la medida.

En un comunicado oficial, el gobierno nacional afirmó que, durante la instrucción de la causa, se descubrió que los acusados habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en manifestaciones públicas o la entrega de dinero, bajo la amenaza de cancelar sus beneficios, totalizando 924 casos.

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