El Gobierno encara veinte días decisivos para aprobar su primer Presupuesto, con un oficialismo ampliado por incorporaciones recientes y negociaciones abiertas con los bloques dialoguistas.
El Parlamento inicia este miércoles el período de sesiones extraordinarias, un tramo corto pero decisivo en el que el Ejecutivo aspira a aprobar el Presupuesto 2026, su primera ley de gastos tras dos años de administrar con la prórroga del esquema votado en 2022. El ingreso de nuevas voluntades a La Libertad Avanza modificó el tablero legislativo y abrió un escenario inédito: el oficialismo llega a la discusión como primera minoría en Diputados con 95 bancas, aunque todavía necesita articular acuerdos para alcanzar los números que exige cada votación.
El cronograma que diseñó la conducción de la Cámara baja prevé que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal emitan dictamen entre jueves y viernes, con Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado ratificados al frente de cada una. La composición de Presupuesto —49 integrantes y un reparto muy parejo entre LLA y Unión por la Patria— anticipa una negociación intensa. En paralelo, el Senado se prepara para avanzar con la reforma laboral, otro de los proyectos que el Ejecutivo incluyó en la convocatoria.
Para destrabar la aprobación del Presupuesto, el oficialismo apunta a los bloques dialoguistas. Las conversaciones iniciales se enfocaron en el interbloque UCR–PRO–MID y en los espacios provinciales que pueden aportar una quincena de votos adicionales. Desde el Gobierno sostienen que, si ese núcleo se cierra, la ley quedaría encaminada, aunque el respaldo de los gobernadores dependerá de cuestiones sensibles como las cajas previsionales, la toma de deuda para obras y la continuidad de los trabajos en rutas nacionales.
El proyecto remitido por el Ejecutivo proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1%, un dólar a $1423 para diciembre de 2026 y una expansión significativa del comercio exterior. Plantea un gasto total de 148 billones de pesos y un superávit primario de 2,7 billones, con una distribución que asigna el 85% de los recursos a áreas sociales como salud, educación, protección social y jubilaciones. La meta del Gobierno es que Diputados lo apruebe en la sesión del 16 de diciembre y que el Senado lo convierta en ley antes de fin de año.
