El gobierno de Javier Milei avanza con la eliminación y revisión de programas vinculados a diversas áreas de la ciencia, priorizando solo sectores específicos como agroindustria, energía y salud. La medida genera rechazo en la comunidad científica y académica, que advierte sobre un impacto negativo en investigaciones clave para el desarrollo sostenible y el bienestar social.
El gobierno de Javier Milei, a través de un reciente decreto, dio facultades a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para evaluar y proceder con la eliminación de una serie de programas financiados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de ajustar el gasto público. Esta medida afecta especialmente a iniciativas vinculadas a áreas como las ciencias sociales, el medio ambiente y el estudio del calentamiento global, lo que generó un fuerte repudio en sectores académicos y científicos.
En virtud de la Ley Bases y del Decreto 70/23, que fue declarado inconstitucional por el Senado y nunca tratado en Diputados, el Gobierno parece estar decidido a avanzar en un proceso de desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología en el país. La resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete, firmada por Guillermo Francos, establece la posibilidad de dar de baja aquellos programas que no se ajusten a las prioridades del gobierno, en su mayoría vinculadas a sectores como la agroindustria, energía, minería, la economía del conocimiento, la innovación y la salud. Esto se enmarca dentro de la justificación oficial de enfrentar una “crisis económica y financiera inédita”, con la necesidad de “eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes” y destinar los fondos a las “reales y urgentes necesidades de la población”.
La medida fue duramente criticada por la Federación de Docentes Universitarios (FADUN), que señaló que la eliminación de estos programas representaría un “grave retroceso” en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica del país. La FADUN destacó especialmente la eliminación de investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global, sectores que, según la organización, son fundamentales para abordar los desafíos globales y locales en el contexto de una crisis ambiental creciente.
Por su parte, las federaciones científicas internacionales, como la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI), también expresaron su “enérgico repudio” ante la medida, calificándola de “negacionista” y advirtiendo sobre sus posibles consecuencias negativas para el desarrollo científico y la estabilidad laboral de los investigadores en Argentina. Estas organizaciones subrayan que la ciencia y la tecnología son esenciales para el progreso del país y el bienestar de su población, y consideran que la eliminación de estos programas podría comprometer el futuro de la educación pública y la investigación.
El investigador del CONICET, Rodrigo Quiroga, fue especialmente crítico, señalando que “el gobierno de Milei acaba de destruir el sistema científico argentino de un plumazo”. Esta afirmación refleja la preocupación de muchos en el ámbito científico y académico, que temen que la decisión represente un golpe devastador para el avance del conocimiento y la investigación en el país.
La resolución de la Jefatura de Gabinete establece criterios específicos para la eliminación de programas y convenios. Por ejemplo, aquellos convenios con plazo vencido o con una ejecución inferior al 30 por ciento serán dados de baja, y en algunos casos se exigirá la devolución de fondos. Además, se contempla la posibilidad de renegociar los plazos y los objetivos de los convenios, siempre que se haya superado el 30 por ciento de ejecución.
Asimismo, la resolución establece que los programas que no se alineen con el denominado “Plan Estratégico 2024-2025”, que prioriza áreas como agroindustria, energía y minería, deberán ser dados por finalizados. Esta medida fue interpretada por muchos como un intento de redirigir los esfuerzos de investigación y desarrollo hacia sectores más alineados con los intereses económicos del Gobierno, dejando de lado áreas de conocimiento que no tienen una conexión directa con estos sectores.
El ajuste en los fondos destinados a la ciencia y la tecnología se suma a la estrategia de subejecución presupuestaria llevada a cabo durante 2024, que ya había generado una drástica reducción de los recursos para los programas más importantes del ex Ministerio de Ciencia, como Equipar Ciencia, Construir Ciencia y Redes Federales de Alto Impacto. Este panorama aumentó la preocupación sobre el futuro de la investigación y el desarrollo tecnológico en Argentina, en un contexto en el que muchos consideran que el país enfrenta desafíos cruciales que requieren una inversión sostenida en ciencia y tecnología.
El Gobierno, por su parte, argumenta que estas medidas son necesarias para hacer frente a la crisis económica y garantizar que los recursos del Estado se destinen a los sectores más urgentes. Sin embargo, para muchos actores del ámbito académico y científico, esta política de recorte y ajuste pone en riesgo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, afectando tanto a los investigadores como a la sociedad en su conjunto.
Ante este panorama, diversos actores de la comunidad universitaria, científica y social llamaron a mantenerse alertas y movilizados para defender la educación pública, la ciencia y la tecnología como pilares fundamentales para el progreso del país. Las próximas semanas serán clave para determinar el impacto real de esta resolución y si las protestas de la comunidad científica logran modificar la orientación de las políticas gubernamentales en relación con la ciencia y la tecnología.
