El Gobierno planea reforzar el control en la Triple Frontera utilizando a las Fuerzas Armadas, replicando el enfoque de militarización de Donald Trump, con base en cambios en las leyes de seguridad y defensa.
El Gobierno anunció un plan para reforzar el control en las fronteras, particularmente en la Triple Frontera y otros puntos estratégicos, a través de un operativo que involucraría a las Fuerzas Armadas. Esta medida, inspirada en la política de militarización de fronteras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó numerosas críticas, tanto por su falta de claridad como por los riesgos que conlleva en términos de derechos humanos y función de las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y el Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Luis Petri, impulsan un operativo conjunto que podría tener a los militares realizando tareas de seguridad interna en zonas fronterizas, un paso que no solo es controvertido, sino que también implica un cambio en la legislación. A través de modificaciones a la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional, los militares podrían intervenir en situaciones que antes solo correspondían a la policía, como el control del narcotráfico y el combate contra organizaciones criminales transnacionales. Estos cambios legales ya fueron impulsados en diciembre, permitiendo el despliegue militar en lo que se denominan “objetivos de valor estratégico“.
Sin embargo, las críticas apuntan a que esta medida refleja una falta de planificación y una clara influencia política que busca alinear a Argentina con las políticas de seguridad del gobierno de Trump, sin tener en cuenta las realidades locales. Exministros y expertos en seguridad, como Sabina Frederic y Agustín Rossi, señalaron que esta militarización de las fronteras podría resultar en un uso indebido de las Fuerzas Armadas para tareas que no les corresponden, como el control de civiles y el manejo de funciones propias de la policía. Rossi destaca que esta medida es simplemente un intento de Bullrich por trasladar la política migratoria y de seguridad de Estados Unidos a Argentina, sin una evaluación adecuada de las necesidades nacionales.
Además, la falta de precisiones sobre el plan y la naturaleza difusa de las tareas que se le asignarán a los militares genera más dudas sobre su efectividad. Surgen dudas referidas a la necesidad de miles de efectivos en estas áreas, donde ya operan otras fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, qué papel desempeñarán las Fuerzas Armadas en un contexto que no les es propio, y cómo se evitarán posibles abusos o errores en su accionar.
Por su parte, el enfoque del Gobierno se entrelaza con un discurso que busca vincular el control migratorio y la lucha contra el narcotráfico de forma xenófoba, una retórica que también refleja la de la administración de Trump. Esto no solo plantea dudas sobre la efectividad de la medida, sino que también abre un debate profundo sobre el modelo de seguridad que el gobierno intenta imponer y el riesgo de seguir políticas externas sin considerar sus repercusiones en el país.
