El Gobierno nacional interpreta la resolución como una oportunidad para pedir que la dirigente social abandone la prisión domiciliaria. La defensa sostiene que el fallo obliga al Estado a mantener las condiciones de protección debido a su delicado estado de salud.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó las medidas provisionales que protegían a la dirigente social Milagro Sala desde 2017, una decisión que el Gobierno nacional busca utilizar para insistir con su traslado a una cárcel común. Sin embargo, la defensa de la referente de la Tupac Amaru sostiene que la resolución no autoriza ese cambio y que, por el contrario, exige mantener las condiciones de protección vigentes.
La resolución, publicada el 3 de julio, dio por finalizadas las medidas cautelares al considerar que el Estado argentino cumple actualmente con la atención médica y las garantías necesarias para preservar la vida y la integridad física de Sala. No obstante, el tribunal aclaró que esa decisión «no debe entenderse como una habilitación para revertir, sin justificación, las condiciones internas de protección actualmente existentes».
Para los abogados de la dirigente, esa aclaración impide modificar el régimen de prisión domiciliaria mientras persista el riesgo para su salud. Además, advirtieron que cualquier intento de trasladarla a un establecimiento penitenciario podría reabrir la intervención del sistema interamericano de derechos humanos.
Preocupación por su estado de salud
La decisión de la CIDH generó preocupación entre organizaciones sociales y de derechos humanos, que denuncian un recrudecimiento de la persecución judicial contra Sala, detenida desde enero de 2016.
Su médico, Jorge Rachid, aseguró que el estado de salud de la dirigente es crítico y afirmó que en las últimas semanas debió ser internada de urgencia en varias oportunidades. Según explicó, permanece prácticamente inmovilizada, con escasa alimentación y un fuerte deterioro físico y emocional.
Durante una conferencia de prensa realizada junto a referentes de organismos de derechos humanos, Rachid sostuvo que el levantamiento de las medidas cautelares podría derivar en un aumento del hostigamiento judicial y responsabilizó al Poder Judicial de Jujuy y a la Corte Suprema por la situación que atraviesa la dirigente.
Diez años de detención
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, durante un acampe de la organización Tupac Amaru frente a la sede de la Gobernación de Jujuy. Con el paso de los años recibió distintas condenas y permaneció privada de su libertad mediante sucesivas prisiones preventivas y causas judiciales.
En 2017, la CIDH ordenó al Estado argentino adoptar medidas urgentes para proteger su vida, su salud y su integridad, lo que derivó en el cumplimiento de la prisión bajo un régimen domiciliario.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el Estado presentó pedidos ante la Corte Interamericana para dejar sin efecto esas medidas de protección. La reciente resolución fue interpretada por el oficialismo como un respaldo a esa postura, aunque la defensa insiste en que el fallo no autoriza un retroceso en las condiciones que actualmente resguardan la salud de la dirigente.
