La nueva resolución nacional redefine el sistema de residencias médicas, eliminando la relación laboral y derechos como el aguinaldo para convertirla en una «beca formativa». La medida generó la inmediata y contundente crítica de los profesionales, quienes denuncian una «precarización» y un ataque a la salud pública.
Luego del megaexamen de ingreso a residencias médicas, que este año convocó a 13.476 inscriptos para 7.687 vacantes, el Gobierno nacional oficializó un polémico cambio en el sistema de formación médica a través de la Resolución 2109/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Esta nueva normativa redefine el estatus legal y económico de los residentes, transformando la residencia de una relación laboral a una beca formativa, lo que implica la eliminación de derechos laborales clave, lo cual generó un fuerte rechazo en el sector.
La principal modificación establece que la residencia ya no será considerada un empleo ni un contrato de obra. Esta nueva modalidad contempla el pago de un monto mensual íntegro, sin los descuentos previsionales ni de obra social habituales. Si bien incluye cobertura por ART y mala praxis, y permite a cada institución sumar adicionales voluntarios (como una suma extra tipo aguinaldo, el cuál no sería obligatorio), la beca no garantizará aportes jubilatorios ni obra social directa.
El objetivo, según en el Ministerio de Salud de la Nación, es ofrecer mayor «flexibilidad administrativa y autonomía institucional«, con las entidades que opten por este esquema debiendo rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos. «Más libertad, más formación, más transparencia», titularon desde el gobierno.
La resolución consta de dos modalidades. La Beca Institución, mencionada anteriormente, y Beca Ministerio, que sí es continuidad del formato actual pero solo será otorgada por el Ministerio de Salud, bajo ciertos condicionamientos que aún no están claros. Esta incluye un recibo formal, descuentos previsionales, obra social estatal, y cobertura de ART y mala praxis a cargo de la institución, representando el esquema más tradicional con aportes y retenciones.
Ambas modalidades serán financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación, aunque con diferencias en la administración de los fondos. La elección de la modalidad será opcional tanto para quienes ingresen este año como para los residentes en curso. Sin embargo, la nueva reglamentación excluye expresamente que la beca se considere una relación de empleo público o contrato de servicio, lo que deja sin efecto el derecho automático a aguinaldo, licencias laborales plenas o aportes patronales directos, salvo en la modalidad Ministerio.
El Gobierno justifica la reforma en la necesidad de «recuperar el sentido formativo del sistema» y corregir lo que define como «desajustes acumulados», apostando a un modelo «más flexible y enfocado en la capacitación profesional».
Además, la normativa redefine las competencias: el Estado fija el marco normativo general, pero traslada autonomía a los hospitales y clínicas para gestionar las condiciones concretas, permitiéndoles definir montos, beneficios u organizar sus propios regímenes internos de becas, abriendo la puerta a la precarización laboral.
Tras hacerse oficial la nueva reglamentación, la respuesta de los residentes no se hizo esperar, manifestando un contundente rechazo. «Sí, leíste bien. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada», publicaron desde la cuenta de Residentes de Pediatría del Hospital Garrahan.
El comunicado del Garrahan detalla las implicaciones directas de la medida: «Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un ‘estipendio’. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro«, alertaron los médicos en formación.
Además, señalaron la importancia de su rol: «Desde el Ministerio nos aseguran que con ‘el sello Garrahan’ es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda. Sin residentes, el Garrahan no funciona».
Los residentes concluyeron con una advertencia contundente: «Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública». La polémica promete escalar en las próximas semanas, con la comunidad médica en alerta ante los cambios implementados.
