DENUNCIAN PERSECUCIÓN POLÍTICA TRAS LA DETENCIÓN DE MILITANTES PERONISTAS

Cinco militantes de Unión por la Patria, incluida una funcionaria de Quilmes, fueron detenidos por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado en una polémica causa por supuestas amenazas a José Luis Espert. Familiares y abogados denuncian una "persecución política" y cuestionan el accionar judicial, mientras exigen la inmediata liberación de los aprehendidos.

Cinco militantes de Unión por la Patria, incluida una funcionaria de Quilmes, fueron detenidos por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado en una polémica causa por supuestas amenazas a José Luis Espert. Familiares y abogados denuncian una «persecución política» y cuestionan el accionar judicial, mientras exigen la inmediata liberación de los aprehendidos.

Familiares y abogados de cinco militantes peronistas detenidos en los últimos días denunciaron una «persecución política y judicial» en su contra, tras una serie de allanamientos ordenados por la jueza Sandra Arroyo Salgado en el marco de una causa que investiga amenazas y un ataque vandálico contra el domicilio del diputado José Luis Espert. Las detenciones, que incluyen a una funcionaria municipal y militantes de Unión por la Patria, generaron un fuerte repudio de diversos sectores políticos y sociales que exigen su inmediata liberación.

La polémica causa que mantiene en vilo a los detenidos se originó, según el relato de Diego Molea, abogado de las familias, a raíz de un incidente en una conferencia del diputado José Luis Espert el pasado 11 de junio. En aquella ocasión, Espert habría proferido insultos contra Florencia Kirchner, lo que generó el repudio de la audiencia. Días después, el 17 de junio, se produjo un ataque vandálico en su domicilio, que Molea describe como «tirar caca de perro y papeles en la vereda».

«De qué nos está acusando la Justicia. De tirar caca de perro y papeles en la vereda del domicilio de Espert. Eso se debería tramitar en el ámbito judicial de San Isidro donde se debería tratar una contravención. Eso se podría estar tramitando en un juzgado y ni siquiera es una contravención», enfatizó Molea en una conferencia de prensa convocada por Unión por la Patria y con el acompañamiento de diversos diputados y referentes sociales.

El abogado criticó duramente la intervención de la Justicia Federal de San Isidro en un asunto que, a su criterio, debería ser tratado como una simple contravención. «La Justicia Federal de San Isidro condenó a una persona por tirar caca, en vez de ocuparse por otros delitos federales que tanto nos preocupan en el país como el narcotráfico, por ejemplo», sentenció.

La situación se agravó este miércoles con la detención de Eva Mieri (funcionaria del municipio de Quilmes y ex concejal), Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, que se suman a la de Alesia Abaigar, quien lleva una semana detenida y fue trasladada a Ezeiza.

Todos fueron aprehendidos durante una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina, bajo órdenes libradas por el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Los abogados denuncian irregularidades en los procedimientos, como la falta de presencia de funcionarios judiciales durante los allanamientos nocturnos y la negativa a permitir el ingreso de abogados. Además, cuestionan la aplicación de la prisión preventiva y la incomunicación de los detenidos. «Estamos en un país donde rige el Estado de Derecho. Para plantear la prisión preventiva es una excepción para casos y así lo dice la ley que corran riesgo de profugarse o interferir en la instigación de la causa», explicó Molea.

Por su parte, Bienvenido Rodríguez Basalo, otro de los abogados, calificó la situación como un «exceso punitivista». «Nos preocupa el exceso punitivista de establecer las detenciones y las incomunicaciones, las prisiones preventivas, no como una excepción porque así lo establece la ley. Sino como la regla, acá modificamos todo», afirmó. Y agregó: «¿Alguien me puede decir de estos cinco imputados, en qué pudieran entorpecer la justicia? ¿En que pudieran fugarse para que no les sea concedida la libertad? Evidentemente es algo para tenerlo más días privados de su libertad».

El testimonio de los familiares de los detenidos visibilizó el profundo impacto humano de estas detenciones. Eva Petriavallo, la madre de Alesia Abaigar, relató con angustia los siete días que lleva su hija detenida. «Mi hija hace siete días que está detenida. Siete días desde el miércoles 25 a la mañana muy temprano, a mi casa entraron de noche, allanaron mi casa, había muchísimos policías, hombres y mujeres más los testigos«, contó. Describió el momento de su propia detención y posterior incomunicación con su hija en la comisaría, y su declaración ante la jueza Arroyo Salgado, quien le habría respondido «es la descripción de los hechos» cuando preguntó por el cargo que le imputaban.

Petriavallo, quien fue liberada 72 horas después, lamentó que su hija, quien padece una enfermedad autoinmune, «está luchando por sentirse bien».

El padre de Iván Díaz Bianchi, un fotógrafo de 22 años, también expresó su desesperación. «Está preso por algo que no sabe qué es, si es un papelito, si es caca, un pasacalle, junto con las otras chicas. La idea si es darnos miedo, claro que tenemos miedo. No quiero que le pase nada a mi hijo», manifestó con la voz quebrada.

Finalmente, Marcos, hijo de Eva Mieri, conmovió a los presentes con su testimonio. «Hoy a la mañana sufrimos un allanamiento, como el que ya contó la mamá de Alesia. No somos una familia que esté acostumbrada a vivir así y no tengo más palabras que decir que a mi vieja no se la llevaron por tirar mierda, como hacen diputados y senadores. A mi vieja se la llevaron por ser una militante, por ser madre, hermana, tía, prima e hija«, sentenció.

Y concluyó con un mensaje de resistencia: «Mi vieja es Eva Mieri y disculpen que me trabo, pero sepan que en este país ya somos muchos los que sabemos lo que pasa, no nos escondemos y por más que tengamos miedo estamos acá, y en cada minuto vamos a ser más. Ya hemos dicho nunca más y sigamos compañeros que la lucha continúa».

Los abogados y referentes políticos advirtieron sobre la gravedad institucional de estas detenciones, que consideran un «caso extremo» y un precedente peligroso para la democracia. «Todo esto no puede suceder con personas detenidas en un país en democracia donde rige el Estado de derecho», sentenció Molea. «Es algo de una gravedad institucional absoluta nunca vista en los últimos años. Se están corriendo límites que no pensábamos«, finalizó.

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