Este miércoles, ATE llamó a que los trabajadores intenten ingresar a sus puestos de trabajo como medida de lucha. La magnitud de los despidos pone en peligro el normal funcionamiento del Estado.
El próximo miércoles, temprano por la mañana, miles de empleados estatales despedidos tienen previsto intentar ingresar a sus lugares de trabajo en una acción coordinada. Esta medida ha sido adoptada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en respuesta a la situación de un número aún desconocido de trabajadores cuyos contratos no fueron renovados a partir del 1 de abril.
El presidente Javier Milei se jactó ante los empresarios congregados en la conferencia de la AmCham por el despido de 70 mil trabajadores. Sin embargo, el portavoz Manuel Adorni tuvo que corregir estas afirmaciones horas más tarde, aclarando que esos 70 mil representan el total de trabajadores bajo contratos especificados por el artículo 9 de la Ley Marco, cuyos contratos, renovados hasta el 31 de marzo, ahora están sujetos a ser cesanteados en un rango del 20 al 30%, es decir, entre 15 mil y 21 mil personas.
Según un relevamiento de ATE hasta el viernes 29, hasta siete mil trabajadores habían recibido notificaciones formales de despido, ya sea por correo electrónico o mediante telegramas. Sumando las notificaciones informales, esta cifra ascendía a diez mil.
Entre ellos se encuentra el caso de Lucas Berengua, técnico del Servicio Meteorológico Nacional con 21 años de antigüedad en su modalidad contractual, quien fue despedido y recibido por sus compañeros con muestras de apoyo. También están los 1300 despedidos de la Anses que trabajan en las Unidades de Atención Integral (UDAI) en todo el país, muchas de las cuales se verán obligadas a cerrar debido a la falta de personal, incluyendo trabajadores permanentes.
Un caso emblemático es el de la UDAI de Sauzalito, en el corazón del impenetrable chaqueño, cuyo cierre dejará a miles de beneficiarios en situación de vulnerabilidad sin acceso a la seguridad social, obligándolos a recorrer hasta 200 km para obtener asistencia estatal. Lo mismo sucede con los 1000 trabajadores despedidos del Instituto de Agricultura Familiar, cuyas labores de apoyo y asesoramiento a la economía popular se verán interrumpidas.
Los despidos en el sector público representan una amenaza para los derechos de los ciudadanos y los servicios que el Estado y el sector privado proporcionan. Esto se traduce en una mayor exposición de la población y la economía a los desafíos climáticos, la precarización en la atención a personas con discapacidad o en situaciones familiares, el deterioro de las estadísticas públicas que son cruciales para la toma de decisiones políticas, e incluso el virtual desmantelamiento del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) poco antes de los Juegos Olímpicos.
La incertidumbre sobre el número total de despidos persiste. Muchos de los afectados descubrirán su situación el mismo miércoles, cuando intenten ingresar a sus lugares de trabajo y se encuentren con impedimentos, posiblemente mediante la intervención policial.
El alivio temporal que puedan sentir los empleados restantes, aquellos que todavía pueden ingresar a trabajar, será breve. El presidente Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, han firmado el decreto 286/24, que limita la renovación de contratos a un máximo de tres meses más.
Si este decreto se publica en el Boletín Oficial en las próximas horas, podríamos enfrentarnos a una nueva ola de despidos en junio. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha expresado su intención de poner fin a la estabilidad laboral de los empleados permanentes, lo que requerirá una mayoría en ambas cámaras del Congreso.
En una entrevista, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, explica que “el gobierno está llevando a cabo los despidos de manera clandestina y oscura, sin un criterio claro de antigüedad o de ningún tipo. Tenemos casos de despidos con más de 20 años de antigüedad, algunos incluso ingresaron durante el gobierno de Menem. También estamos considerando una estrategia legal”.
Aguiar señala que “como primera medida, hemos confirmado una jornada nacional de lucha porque estos despidos están teniendo un gran impacto en las provincias. Los centros de referencia en desarrollo social están en todo el país. En agricultura, tenemos 1080 despidos, de los cuales solo cien están en Buenos Aires. Lo mismo ocurre con el cierre de las oficinas regionales de Enacom. Estamos viendo una clara retirada del Estado nacional de las provincias”.
Para Aguiar, estos despidos representan “una tragedia social porque lo que comienza como la tragedia individual de perder el trabajo, cuando ocurre en esta escala, se convierte en una tragedia social. La violación del derecho a la estabilidad laboral también vulnera otros derechos del pueblo, como el acceso a servicios esenciales que se verán limitados o condicionados”.
“Vamos a tener un Estado que no podrá proteger a su pueblo de desastres naturales, garantizar el derecho a la seguridad alimentaria, la salud y la educación. El impacto será sentido rápidamente por la sociedad en su conjunto”, concluye Aguiar.
