La administración de Javier Milei oficializó un ajuste de 78 mil millones de pesos en Educación, recortes de 3 mil millones en el Conicet, más de 4 mil millones en la Conae y cerca de 20 mil millones en la CNEA. También redujo en 5 mil millones las partidas para infraestructura universitaria y aplicó podas sobre salud, vialidad y organismos científicos, horas antes de una nueva movilización federal universitaria.

En la antesala de la cuarta marcha universitaria convocada para este martes en todo el país, el Gobierno nacional profundizó el ajuste sobre universidades y organismos científicos mediante una modificación presupuestaria publicada en el Boletín Oficial. La medida incluye recortes millonarios en áreas de educación, ciencia, salud y obra pública, bajo el argumento de sostener el déficit cero. Entre los organismos alcanzados aparecen el Conicet, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), además de programas destinados a infraestructura universitaria.
Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, explicó que la decisión responde a la caída de la recaudación y al objetivo oficial de reducir el gasto estatal. Según detalló, la Secretaría de Educación sufrió un recorte de 78 mil millones de pesos y, dentro de ese esquema, se eliminaron 5 mil millones destinados a obras en universidades nacionales, sobre un total previsto de 9 mil millones. También indicó que parte de esos fondos provenían de créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), vinculados a proyectos de infraestructura en distintas provincias.
Las universidades afectadas por la suspensión o reducción de transferencias incluyen a las nacionales de Entre Ríos, San Martín, La Plata, Litoral, Lomas de Zamora, Nordeste, Río Cuarto, Villa María, Avellaneda, José C. Paz y la Universidad Nacional de las Artes, entre otras. En paralelo, el ajuste impacta sobre el sistema científico: el Conicet perderá alrededor de 3 mil millones de pesos, equivalentes al 10 por ciento de sus partidas de funcionamiento, mientras que la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación sufrirá una poda de 850 millones. Según investigadores y autoridades del sector, eso afectará becas, equipamiento y tareas de divulgación científica.
El recorte también alcanza a organismos que el propio oficialismo suele presentar como estratégicos. La Conae verá frenados más de 4 mil millones de pesos destinados al desarrollo del lanzador Tronador y a proyectos satelitales como Saocom II y SARE. En tanto, la CNEA tendrá un ajuste cercano a los 20 mil millones. A eso se suman reducciones presupuestarias en el INTA, el INTI, el Instituto Malbrán, el Instituto Antártico Argentino y el Segemar.
Desde el ámbito universitario y científico interpretaron la decisión como una provocación política en el contexto de la movilización nacional. Rodrigo Quiroga, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, sostuvo que el Gobierno impulsa “un plan de destrucción del sistema científico y universitario”, mientras que Roberto Salvarezza advirtió que la inversión en ciencia y técnica caerá en 2026 a menos del 0,15 por ciento del PBI, “perforando mínimos históricos”.
El conflicto se desarrolla además en medio del deterioro salarial del sector. Un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación y de la federación docente universitaria indicó que los salarios reales de trabajadores universitarios acumulan una caída del 33,7 por ciento en los últimos 29 meses. Según el estudio, para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023 sería necesario un incremento salarial del 50 por ciento.
En ese marco, la Universidad Nacional de Río Negro presentó una denuncia ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed. El rector Anselmo Torres planteó que el ajuste sobre las universidades configura una situación de “extrema gravedad institucional, social y humanitaria” y reclamó la intervención del organismo internacional frente al deterioro del sistema universitario argentino.

