El ministro de Transporte avanza con un decreto que desregula el transporte marítimo fluvial de cabotaje y compromete miles de puestos de trabajo. Desde la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) advierten una posible desaparición de la Marina Mercante Nacional y piden una reunión urgente con el Sturzenegger para revertir la decisión.
El ministro Federico Sturzenegger está impulsando un decreto que genera alarma en el sector marítimo y fluvial, poniendo en peligro el trabajo de más de 20.000 personas. Se trata de un DNU que busca desregular el transporte marítimo fluvial de cabotaje, lo que podría afectar la desaparición de la Marina Mercante Nacional. Los miembros de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) solicitaron una reunión urgente con el ministro para frenar esta medida.
Sturzenegger, en declaraciones recientes, defendió la medida argumentando que el cabotaje en Argentina tiene costos muy altos y que la Marina Mercante necesita una reforma urgente. Aseguró que con la reforma, los costos podrían reducirse entre un 30% y un 40%. La principal modificación que propone el DNU es permitir que barcos con banderas extranjeras, tripulados por personal extranjero, realicen los trabajos que hoy corresponden a buques de bandera argentina.
Este cambio, según advierten los gremios, pone en riesgo más de 20.000 empleos solo en el sector de tripulación. Actualmente, la ley de cabotaje establece que el transporte marítimo debe ser realizado por barcos con bandera argentina y tripulación local. Para los sindicatos, la liberalización propuesta podría acabar con la flota nacional, al favorecer la competencia de barcos extranjeros que no tributan en el país ni generan ingresos para la economía local.
Los líderes gremiales señalaron que la reforma va mucho más allá de lo que inicialmente se había planteado, y advirtieron que esta medida sería la “puñalada final” para la Marina Mercante Nacional. Exigen una reunión urgente con Sturzenegger para plantear sus preocupaciones y frenar el avance de este decreto que perjudicaría a más de 20.000 trabajadores.
