La iniciativa propone que cada nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional requiera una ley específica, prohíbe el uso de decretos de necesidad y urgencia para ese fin y establece mayores controles sobre el endeudamiento externo.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para que cualquier acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) deba ser aprobado previamente por el Congreso mediante una ley específica.
La iniciativa fue ingresada al mismo tiempo que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, inició su visita oficial a la Argentina para mantener reuniones con el presidente Javier Milei y funcionarios del Gobierno.
El proyecto busca impedir que el Ejecutivo suscriba nuevos programas con el FMI sin intervención del Poder Legislativo. Para ello, propone derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y reemplazarla por un régimen que exige una ley particular para cada operación de crédito.
La propuesta, firmada además por otros 15 diputados de Unión por la Patria, establece que cada acuerdo deberá especificar el monto máximo autorizado, el plazo de amortización y el destino de los fondos. También prohíbe expresamente que este tipo de operaciones sean aprobadas mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Además, el texto declara nulos de nulidad absoluta los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales sin cumplir con los requisitos previstos en la nueva normativa y plantea que los funcionarios que intervengan en operaciones irregulares puedan ser responsabilizados por los perjuicios ocasionados al Estado.
Entre los principios que incorpora la iniciativa figuran la soberanía económica, la sostenibilidad de la deuda, la transparencia con control democrático, la corresponsabilidad entre acreedor y deudor y el multilateralismo activo.
En ese sentido, el proyecto sostiene que, si el propio FMI incumple sus normas o aprueba programas con motivaciones políticas, la responsabilidad por las consecuencias debe ser compartida entre el organismo y el país prestatario.
Como antecedente, la iniciativa cita la evaluación realizada por la Oficina de Evaluación Independiente del FMI sobre el acuerdo firmado con la Argentina en 2018, donde se señalaron cuestionamientos al cumplimiento de los criterios de acceso excepcional. También recuerda que, durante ese período, la salida de divisas por formación de activos externos del sector privado alcanzó los 45.100 millones de dólares, frente a los 44.500 millones de dólares desembolsados por el organismo internacional.
