La Cámara Argentina del Libro rechazó el proyecto del Gobierno para eliminar la Ley de Defensa de la Actividad Librera. Sostuvo que la medida pone en riesgo a las librerías independientes, la diversidad editorial y miles de puestos de trabajo vinculados al sector.
La Cámara Argentina del Libro (CAL) rechazó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para derogar la Ley 25.542 de Precio Uniforme de Venta al Público de Libros, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera. La entidad advirtió que la iniciativa favorecerá la concentración del mercado editorial y pondrá en riesgo la continuidad de librerías independientes en todo el país.
A través de un comunicado, la cámara, que reúne a unas 500 editoriales pequeñas y medianas, sostuvo que la normativa vigente desde 2001 es una herramienta central para garantizar la diversidad editorial y el acceso a los libros, al establecer que el precio de venta al público sea el mismo en todos los canales de comercialización.
Desde la entidad señalaron que el sistema de precio uniforme no elimina la competencia, sino que la traslada a otros aspectos, como la calidad del servicio, el asesoramiento, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores, evitando que el mercado quede condicionado únicamente por la capacidad de ofrecer mayores descuentos.
La CAL advirtió que, si la ley es derogada, las grandes cadenas y plataformas de venta podrán desplegar políticas comerciales que dejarán en desventaja a las librerías de barrio y del interior del país, con el consecuente riesgo de cierres y una mayor concentración de la actividad.
En ese sentido, sostuvo que la bibliodiversidad depende de la existencia de una red federal de librerías y de condiciones comerciales que permitan la convivencia entre grandes grupos editoriales y cientos de pequeñas y medianas editoriales que publican literatura, ensayo, libros infantiles, investigaciones académicas y otros títulos de menor escala comercial.
La entidad también destacó que la industria editorial genera miles de puestos de trabajo para autores, traductores, ilustradores, correctores, diseñadores, distribuidoras y editoriales, y afirmó que el sector experimentó un crecimiento sostenido desde la sanción de la ley vigente.
El proyecto oficial forma parte del paquete de iniciativas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional y volvió a encender el debate sobre el futuro del mercado del libro y el rol de las políticas públicas para proteger la producción editorial y el acceso a la cultura.
