El Gobierno logró un principio de acuerdo con la oposición “dialoguista” al incorporar modificaciones cruciales en el proyecto de ley ómnibus, que abarcan desde la reducción de facultades delegadas hasta la exclusión de empresas estatales de la privatización. Sin embargo, persisten divergencias en la fórmula de actualización de jubilaciones, siendo este uno de los puntos más álgidos en las negociaciones.
El Gobierno avanzó recientemente hacia un principio de acuerdo con la oposición “dialoguista” al incorporar una serie de correcciones cruciales en el proyecto de ley ómnibus que actualmente se discute en la Cámara de Diputados. Uno de los puntos más destacados es la forma en que se actualizarán las jubilaciones.
Entre las modificaciones, que eran una condición sine qua non planteada por la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para respaldar el dictamen oficialista, se destaca la reducción de 2 a 1 año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, con una mayor restricción en las emergencias declaradas. Asimismo, se propone una nueva fórmula de movilidad jubilatoria vinculada al índice de inflación o, en su defecto, el retiro de ese artículo para discutirlo posteriormente en una norma independiente.
Otras correcciones importantes incluyen la exclusión de YPF del listado de empresas públicas sujetas a privatización, la eliminación a cero de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales y el archivo de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción.
No obstante, en un punto de desacuerdo, la oposición había solicitado al Gobierno que limitara el alcance de la iniciativa a los capítulos relacionados con la emergencia económica, pero este se mantuvo firme, dejando en pie los cambios en Justicia, Educación, Cultura, Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.
Uno de los puntos más controvertidos es la fórmula propuesta para actualizar las jubilaciones y prestaciones sociales vinculadas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). El proyecto del presidente Javier Milei busca suspender el sistema actual y reemplazar la fórmula de actualización trimestral por una modalidad de ajustes periódicos y automáticos, teniendo en cuenta “criterios de equidad y sustentabilidad económica”. Además, propone que las subas no sean iguales para todos.
Los sectores “dialoguistas” de la oposición, principalmente los integrantes de Juntos por el Cambio, presentarían al oficialismo una propuesta para actualizar las jubilaciones de forma mensual y por la inflación medida por el INDEC en el Índice de Precios al Consumidor.
A pesar de la afirmación del Gobierno de que la intención es evitar que las jubilaciones más bajas pierdan poder adquisitivo, no se ha especificado qué sucederá con el resto. El ajuste por inflación no es la preferencia del Ejecutivo, que busca equilibrar las cuentas mediante recortes de gastos. Actualmente, ninguna opción está descartada, incluso la posibilidad de restablecer la fórmula anterior que estaba vigente.
