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JUEZ FEDERAL EXIGE A PETOVELLO UN INFORME DETALLADO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Casanello otorga un plazo de 72 horas para que el Ministerio de Desarrollo Social presente un informe sobre la distribución de alimentos en el marco de un convenio con la Fundación Conin. Además, solicita detalles sobre los productos próximos a expirar y copias de convenios con provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El juez federal Sebastián Casanello le otorgó al Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Sandra Pettovello, un plazo de 72 horas para presentar un informe detallado sobre la distribución de alimentos realizada bajo el convenio con la Fundación Conin. El informe debe incluir los remitos firmados por los beneficiarios.

Esta no es la primera vez que Casanello solicita tal informe, ya que todas las decisiones judiciales previas han sido apeladas por el ministerio.

En junio pasado, Casanello había exigido a Pettovello un plan para distribuir los productos aún almacenados en los depósitos de Villa Martelli (Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). En respuesta, el ministerio informó la firma de un convenio con la Fundación Conin y la coordinación de distribución con el Ministerio de Defensa.

Además, el juez pidió un informe sobre el estado de la leche en polvo marca Cotar y las pasas de uva almacenadas en Villa Martelli, que están próximas a expirar.

En su reciente resolución, Casanello también solicitó copias de los convenios firmados con provincias y la Ciudad de Buenos Aires relacionados con el plan de distribución de alimentos. Además, requirió un informe sobre el avance de la ejecución del plan y los remitos de entrega de alimentos informados a fines de mayo, incluyendo 4.430 kilos de harina de maíz entregados a la Fundación Conin en Capital Sarmiento.

Durante la feria judicial de invierno, el Ministerio también fue intimado en dos ocasiones por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, para cumplir con una cautelar que garantiza el derecho a la alimentación. Este expediente, impulsado por el CELS y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), avanza en paralelo con la denuncia penal presentada por el dirigente social Juan Grabois ante Casanello y la fiscal Paloma Ochoa.

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