El cierre temporal del programa gubernamental Dadse deja en la incertidumbre a pacientes vulnerables, mientras se investigan irregularidades en la gestión. La decisión se suma a una serie de medidas que afectan el acceso a la salud de los más necesitados, en medio de un contexto de aumento de precios y restricciones en el sistema de salud pública.
El gobierno suspendió la ayuda a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y autoinmunes al interrumpir las operaciones de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), un programa establecido en 2016 para apoyar a pacientes con afecciones urgentes sin cobertura sanitaria o en situación de vulnerabilidad. La decisión fue tomada por Pablo de la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello. Aunque la oficina ha vuelto a abrir sus puertas gracias a una intervención sindical, el futuro del programa y la continuidad de los tratamientos para los pacientes sigue siendo incierto. Se está considerando la posibilidad de transferir la Dirección al Ministerio de Salud.
“La Dadse estará temporalmente cerrada debido a ajustes en sistemas y procedimientos”, se anunció a los trabajadores a través de un cartel en la puerta de la oficina al inicio de la semana. En respuesta, miembros del sindicato Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) exigieron la restitución de los servicios esenciales para niños y personas vulnerables en su derecho a la salud, así como mantener las condiciones laborales y proporcionar información clara a los trabajadores.
Débora Bosco, presidenta de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina, expresó a Página 12: “El lunes nos sorprendió esta noticia. Muchas familias angustiadas nos contactaron debido al cierre de la Dadse, ya que muchos dependen de los tratamientos que proporciona. El cáncer es una enfermedad que no espera. Esperamos que el programa vuelva a funcionar”. Estela de Souza, madre de una paciente oncológica, compartió su experiencia: “Mi hija fue operada de un tumor maligno y agresivo, y necesita dos ampollas para su tratamiento preventivo, cuyo costo supera los 6,7 millones de pesos. Queremos que la Dadse reanude sus actividades con la misma rapidez con la que cerró. Esto afecta gravemente a los pacientes; los medicamentos son inasequibles”.
Daniela Hacker, especialista en el tema y autora del libro “7 claves para atravesar el cáncer”, aporta más información y aclara la situación: “Los pacientes acudían a la Dadse después de ser rechazados por sus provincias y el Banco de Drogas Especiales de la Nación. El Gobierno (actual) descubrió irregularidades en las compras de medicamentos de alto costo”. Hacker coincide con Bosco en que los pacientes no pueden esperar y enfatiza la importancia de recibir tratamiento a tiempo en sus provincias para evitar retrasos perjudiciales en su tratamiento.
A pesar de que los trámites para obtener tratamientos nunca fueron fáciles debido a la burocracia estatal, la falta de claridad sobre el futuro de la entrega de medicamentos agrega complejidad al problema. Los individuos que recibían subsidios para medicamentos y suministros médicos ahora están angustiados. La resolución oficial del ministerio indica que la suspensión continuará “hasta que se revisen los procedimientos administrativos para garantizar la transparencia, equidad y legalidad en la gestión de la Dirección”.
Según información obtenida por este medio, se suspendió el programa debido a irregularidades con los proveedores, y se ha iniciado una denuncia penal por presunta defraudación contra la administración pública. Esta decisión, al igual que la suspensión de otros programas esenciales, responde a la estrategia del gobierno de reducir el déficit fiscal para cumplir con las metas establecidas por el FMI. Sin embargo, ¿no se puede mejorar el sistema y garantizar al mismo tiempo que los enfermos reciban tratamiento y los necesitados se alimenten? Es urgente aclarar esta situación.
Esta pausa en el programa es parte de la política general del gobierno de reducir el gasto público, considerando derechos fundamentales como el acceso a la alimentación y la salud como privilegios que pueden ser recortados. Daniel Godoy, director del Instituto de Estudios de Salud de ATE nacional, señala que esta decisión afecta directamente a las poblaciones más vulnerables y es parte de una serie de medidas que perjudican a esos grupos.
Además, se observa una reducción en el consumo de medicamentos, con un aumento significativo en sus precios en los últimos meses. También se han incrementado desproporcionadamente las cuotas de las compañías de medicina privada. Jorge Macri planteó priorizar a los residentes de la Ciudad de Buenos Aires en los hospitales, lo que generó una fuerte respuesta del gobernador bonaerense, destacando la contribución económica de los habitantes de la provincia a la Ciudad.
