Familiares, profesionales del área y personas con discapacidad se reunieron frente a la Casa Rosada para reclamar por el brutal ajuste del Gobierno Nacional en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En frente, la Policía Federal montó un desmedido operativo de seguridad para dispersar la manifestación.
Familiares y trabajadores dedicados a atender a personas con discapacidad protagonizaron este lunes una movilización en Plaza de Mayo para visibilizar la crisis que se vive debido a los recortes del Gobierno Nacional.
Mientras en la Cámara de Diputados se avanza con un proyecto para declarar la emergencia en el área de discapacidad, al rededor de 200 y 300 personas se congregaron en las inmediaciones de la Casa Rosada pedir por la continuidad de los Certificados Únicos de Discapacidad, aumentos en las prestaciones que se mantienen congeladas desde el año pasado y que cese el recorte en medicamentos.
La respuesta del Gobierno, con la excusa de la aplicación del protocolo anti piquetes de Patricia Bullrich, fue enviar a una desmedida cantidad de efectivos policiales para acallar el reclamo.
Maive Carone Fernández, integrante de la asamblea Discas en Lucha, sostuvo que la marcha fue convocada por organizaciones que «aglutinan a prestadores de servicios en salud y educación para la población de personas con discapacidad» porque sus trabajos «son extremadamente precarizados».
También señaló que deben sacar turnos telefónicos y, una vez obtenidos, dirigirse a sedes que quedan «muy lejos de sus domicilios o que a veces ni siquiera existen«, en lo que implica una serie de medidas que desembocan en «sacarles la pensión que es el 70% de una jubilación mínima».
«Es un campaña de desprestigio a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a las personas con discapacidad. Esta gestión genera intriga contra grupos de la sociedad históricamente vulnerados, profundiza su estigmatización y se ausenta cruelmente de sus obligaciones. La persecución es, además, mediática y judicial«, manifestó Carone.
Con la movilización quisieron «visibilizar» cómo el Poder Ejecutivo nacional «vació» la ANDIS, «desmembró» el entramado territorial del organismo, dejó al colectivo sin políticas públicas que los nucleen y puso trabas que «impiden» tramitar el Certificado Único de Discapacidad, además de que «obstaculizó» el acceso a las pensiones no-contributivas por discapacidad y «cambió los requisitos» para obtenerla.
«La regresión en la perspectiva de abordaje de la discapacidad por parte del Estado Nacional, la contramano de la Constitución y los Tratados Internacionales, y otro montón de cosas, son parte de los reclamos del sector«, concluyó Fernández.
