A 49 años del golpe, la Justicia sigue investigando delitos de lesa humanidad que ocurrieron durante la última dictadura cívico militar. En simultaneo, la administración de Javier Milei continúa desfinanciando áreas del Estado que sostenían las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno Nacional suprimió varias áreas de investigación de derechos humanos como los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) del Ministerio de Defensa, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), y se redujo el personal y el presupuesto de áreas de investigación en la Secretaría de Derechos Humanos.
No obstante, las investigaciones por crímenes de lesa humanidad persisten en el Poder Judicial por el impulso del Ministerio Público Fiscal y las querellas que representan a las víctimas.
En este sentido, según un informe estadístico difundido por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad (Proculesa), desde 2006, cuando se reanudaron los procesos judiciales por violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Terrorismo de Estado, fueron condenadas 1197 personas y 199 resultaron absueltas en el marco de las 340 sentencias dictadas en el país.
Estos datos fueron difundidos en vísperas de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, ocurrido el 24 de marzo de 1976. Al respecto, el relevamiento dice que 502 personas fueron imputadas y otras 27 aguardan la resolución de sus situaciones procesales tras haber sido indagadas.
En ese sentido, se recuerda que en la actualidad se llevan a cabo 14 juicios orales y públicos en distintas jurisdicciones federales, en las cuales se tramitan además otras 63 causas y existen otras 258 que están en la etapa de instrucción.
En porcentajes, de las 675 causas que se instruyeron por crímenes de lesa humanidad, el 51% (340) se encuentran con sentencia firme; un 38% (258) están en la etapa de instrucción; un 9% (63) están elevadas a la etapa del debate y un restante 2% (14) están pendientes de juicio oral.
Entre los juicios que se están realizando se destacan causas como “El Villazo”, en Rosario; la Masacre del Pabellón Siete en Capital Federal; Zona V, en Bahía Blanca; Comisaría Octava y Comisaría Quinta en La Plata; La Huerta y Subzona III en Mar del Plata y “D2” en Mendoza.
En cuanto a los imputados por estos crímenes perpetrados en los tiempos del terrorismo de Estado, el informe señala que 615 se encuentran detenidos y 1489 siguen los procesos en libertad. En tanto, otros 33 están imputados.
En ese sentido, el informe indica que desde 2016, la cantidad de personas en libertad acusadas por delitos de lesa de lesa humanidad «empieza a superar» a la de las «personas sujetas a una medida de coerción».
Al respecto, se remarca que, de las 615 personas privadas de su libertad, 498 gozan del beneficio del arresto domiciliario, 61 transitan su detención en unidades penitenciarias y otras 56 se encuentran alojadas en la unidad carcelaria de Campo de Mayo.
