Javier Milei presenta un extenso proyecto en el Congreso, abarcando desde privatizaciones hasta cambios estructurales en áreas como educación, salud y ambiente. La propuesta, encabezada por “La Libertad Avanza”, busca otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias, generando debate y preocupación sobre la concentración de poder.
Las columnas de las centrales sindicales aún se dispersaban en la Plaza de Tribunales cuando Javier Milei remitió al Congreso un ambicioso proyecto que eclipsaría, en cuestión de minutos, el reciente decreto desregulador de la semana pasada. Abordando todos los temas imaginables y reclamando todas las prerrogativas posibles, Milei propone privatizaciones integrales de las empresas estatales, endurecimiento de sanciones para las manifestaciones, cambios en el sistema de votación y representación, flexibilización de normas ambientales, suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y reformas en el sistema educativo. Este extenso megaproyecto de 351 páginas, que se abordará en sesiones extraordinarias, busca una transformación estructural en áreas que competen al Estado, abarcando ámbitos penales, tributarios, económicos, educativos y sociales, todo en un solo texto a discutir durante el verano.
El proyecto, encabezado por la ley ómnibus “La Libertad Avanza“, incluye más de 664 artículos y va acompañado de una declaración de emergencia que solicita la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por dos años. La propuesta fundamental de Milei es la concentración de poder en el Ejecutivo, declarando una emergencia pública hasta diciembre de 2025 en áreas económicas, financieras, fiscales, previsionales, de seguridad, defensa, tarifarias, energéticas, sanitarias, administrativas y sociales. Este acto otorgaría al Ejecutivo facultades extraordinarias por dos años, con la posibilidad de prorrogarlas dos años adicionales.
El proyecto revela la intención de Milei de gobernar sin depender del Congreso. Busca delegar al Ejecutivo facultades legislativas para intervenir en todas las áreas mencionadas, lo que ha generado preocupación entre legisladores y gobernadores. Además, se incluye el mismo DNU dentro del texto de la ley, con más de 300 derogaciones y modificaciones de leyes sintetizadas en un solo punto, lo que ha generado dudas sobre su legalidad y su inclusión en sesiones extraordinarias.
En cuanto a las privatizaciones, Milei propone la privatización de 41 empresas estatales, desde Aerolíneas Argentinas hasta YPF. El megaproyecto también dedica atención a la penalización de la protesta social, ampliando la definición de “legítima defensa” para flexibilizar las consecuencias de la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, establece un piso mínimo del 15% para todas las exportaciones, exceptuando algunas del sector agropecuario.
En educación, salud y ambiente, el proyecto aborda diversos aspectos de la vida de las personas, desde reformas electorales y tributarias hasta reformas educativas que permitirían a las universidades cobrar por la educación de extranjeros no residentes. También afecta aspectos culturales, de género y ambientales, derogando leyes y normativas existentes. La propuesta de Milei ha generado críticas y preocupaciones sobre la concentración de poder y los cambios estructurales propuestos.
