Básicamente, cualquier usuario que destine menos del 10% de sus ingresos no estaría subvencionado, pero puede haber excepciones según el decil poblacional al que corresponda.
A partir de un análisis realizado por la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), se ha determinado que las familias con ingresos superiores a $790.000 mensuales perderán los subsidios a la energía durante el invierno. Este límite corresponde al tope de consumo de un “grupo conviviente” de entre 3 y 4 personas en la región bioambiental “Templada (3)”, que abarca áreas como Ciudad y Gran Buenos Aires, La Plata y Rosario, entre otras localidades argentinas.
El Gobierno, basándose en los análisis de la CATHEDA, establecerá un nuevo esquema que reemplazará a la segmentación de tarifas y se implementará en mayo. Básicamente, cualquier usuario que destine menos del 10% de sus ingresos a los servicios energéticos no estaría subvencionado, aunque puede haber excepciones según el decil poblacional al que corresponda. Por otro lado, si el gasto supera el 10% de los ingresos, el Estado cubrirá la diferencia.
En cuanto a las regiones y sus respectivos límites de ingresos para perder los subsidios, se observan grandes variaciones. Por ejemplo, en la región “Cálida (2)” -que incluye Tucumán y zonas de otras provincias- el tope de ingresos en verano sería de $160.000, mientras que en la región “Muy fría (6)” -que abarca Tierra del Fuego y zonas cordilleranas de otras provincias- el límite mensual alcanzaría los $2.876.000.
Estos montos se ajustarán conforme a la evolución de la inflación y los salarios, y estarán sujetos a múltiples criterios de exclusión, como la compra de moneda extranjera, viajes al exterior, uso de prepagas no vinculadas a empleos en relación de dependencia y posesión de vehículos con menos de 5 años de antigüedad, entre otros.
El Gobierno establece estos límites con el fin de definir quiénes realmente necesitan la ayuda del Estado en materia energética, en base a criterios de demanda razonable de energía eléctrica y gas natural, así como ingresos y calidad de vida de los hogares beneficiarios.
