Tras una auditoría sobre una pequeña porción de la población con pensiones, el Gobierno decretó un cambio en las condiciones de acceso por ”inconsistencias alarmantes”. Los especialistas advierten que no respeta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, poniendo en riesgo a miles de infancias.
El Gobierno decidió endurecer por decreto los requisitos para acceder a las pensiones por invalidez, tras analizar una muestra que representa menos del 4% de las más de 330 mil pensiones otorgadas en la región metropolitana. Esta medida se formaliza en el decreto 843, publicado recientemente en el Boletín Oficial.
La justificación del cambio se basa en “inconsistencias alarmantes” encontradas en un análisis de 10.900 prestaciones. El decreto establece que las pensiones no contributivas por invalidez laboral estarán sujetas a revisión médica y socioeconómica, y podrán ser revalidadas por la Autoridad competente.
El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión en redes sociales, argumentando que el sistema cuesta al Estado 3.400 millones de dólares al año, lo que representa el 3,5% del presupuesto de 2025. En su mensaje, destacó que el nuevo decreto reitera la necesidad de que las pensiones se otorguen a quienes realmente no pueden trabajar, generando un proceso para detectar y corregir irregularidades. Esta medida, según Sturzenegger, es un paso hacia un Estado ”más justo y austero”.
Los nuevos requisitos para acceder a una pensión por invalidez incluyen la prohibición de tener empleo formal o ser titular de otras prestaciones. Para los menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén incapacitados para hacerlo. Además, se exigirá una residencia mínima de tres años para naturalizados y diez para extranjeros. También se evaluará que los solicitantes no posean bienes, ingresos o recursos suficientes para su subsistencia, todo bajo los criterios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), criticó la medida, señalando que es regresiva y contradice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en 2008. Troiano destacó que el decreto restablece condiciones que limitan el acceso a las pensiones, volviendo a exigir situaciones de indigencia y la imposibilidad de poseer un auto. Además, cuestionó la incompatibilidad entre el empleo registrado y la pensión, un cambio que había sido revertido recientemente.
Troiano advirtió que el Estado no está cumpliendo con el cupo laboral y que, al recortar pensiones, se perjudica a las personas con discapacidad que ya enfrentan dificultades. También señaló que el decreto afecta la capacidad jurídica de estas personas, reintroduciendo la noción de curatela, que ya no se aplica en el contexto actual.
Lourdes Farias, directora provincial de acceso e inclusión del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, alertó que los nuevos requisitos amenazan a miles de niños con discapacidad, ya que se exige una incapacidad laboral total y permanente, algo que no aplica a menores. La pérdida de estas pensiones podría significar la falta de acceso a tratamientos médicos y terapias esenciales, poniendo en riesgo la calidad de vida de muchas familias.
Ambas expertas coincidieron en que la solución a los abusos no es recortar el acceso a las pensiones, sino auditar el sistema de manera adecuada, asegurando que no se castigue a quienes realmente necesitan ayuda. Reiteraron su llamado al Gobierno para que revise esta medida antes de que tenga consecuencias irreversibles para las personas vulnerables. Las organizaciones sociales también se manifestaron en contra de la política de recortes, destacando que los problemas del sistema no deben resolverse a expensas de los más necesitados.
