Organizaciones políticas y sociales realizarán este miércoles actividades simultáneas en distintas provincias para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner al cumplirse un año de la confirmación de su condena. También habrá una presentación de legisladores ante la Corte Suprema cuestionando la actuación judicial en la causa Vialidad.
Al cumplirse un año de la ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, agrupaciones políticas y sociales impulsarán este miércoles una serie de actos y encuentros en distintos puntos del país. La convocatoria, promovida por La Cámpora y otros espacios del peronismo, buscará vincular la situación judicial de la exmandataria con el escenario económico y social actual, al tiempo que insistirá en denunciar su proscripción política.
En la Ciudad de Buenos Aires, las actividades se concentrarán desde las 16 frente al domicilio de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Allí se desarrollará una radio abierta organizada por sindicatos y un acto central en el que se proyectará un material audiovisual sobre el impacto social y económico registrado desde que quedó firme la sentencia. Los organizadores sostienen que Cristina fue víctima de una persecución política y reclaman su libertad.
La jornada tendrá réplicas en numerosas ciudades del interior, entre ellas San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, San Juan y Trelew, además de decenas de localidades bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires habrá actividades en municipios como Morón, Merlo, Tigre, Quilmes, Lanús, Avellaneda, La Matanza y Lomas de Zamora, entre otros, así como en La Plata y diferentes ciudades del interior provincial.
En paralelo, diputados y senadores de los bloques Unión por la Patria y Justicialista brindarán una conferencia de prensa en el Senado para presentar un documento que luego será elevado a la Corte Suprema. En el texto cuestionan el accionar del Poder Judicial y sostienen que la condena contra la exvicepresidenta constituye un caso de proscripción política incompatible con el funcionamiento pleno de la democracia.
Los legisladores también objetan las condiciones de detención de la dirigente y afirman que resultan «injustas, desproporcionadas y arbitrarias». Según el planteo, la inhabilitación perpetua y la privación de la libertad de quien consideran la principal referente opositora afectan no sólo a la dirigente sino también al derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes.
La condena quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los últimos recursos presentados por la defensa en la causa Vialidad. La sentencia estableció una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Días más tarde, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó la ejecución de la pena y posteriormente le concedió a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria, que cumple en su vivienda del barrio porteño de Constitución bajo monitoreo electrónico.
