La desaceleración de la actividad económica impactó sobre los ingresos fiscales y llevó al Ejecutivo a reforzar recortes en áreas sensibles. Subsidios, programas sociales, obra pública y salarios estatales aparecen entre los rubros más afectados por la estrategia de equilibrio fiscal.
El Gobierno nacional volvió a exhibir resultados positivos en las cuentas públicas y destacó un superávit primario de $1,92 billones durante mayo, además de un saldo financiero favorable de $478.000 millones una vez descontados los intereses de la deuda. Sin embargo, detrás de esos números aparece una dinámica que preocupa a distintos analistas: la reducción de la actividad económica comenzó a erosionar la recaudación tributaria, obligando a profundizar el ajuste del gasto para preservar uno de los principales objetivos de la gestión de Javier Milei.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el gasto público alcanzó los $12,61 billones en mayo y registró una baja real del 2,2% respecto del mismo mes del año anterior. Los ingresos, en cambio, retrocedieron 4,1% en términos reales y sumaron $14,53 billones. Entre los tributos que reflejan el desempeño de la economía, el IVA acumuló su séptima caída consecutiva, mientras que también mostraron retrocesos los aportes a la Seguridad Social, el impuesto a los créditos y débitos bancarios y los derechos de exportación e importación.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostiene que, para sostener el superávit, la administración libertaria profundizó los recortes en diversas partidas. De acuerdo con ese trabajo, el gasto acumulado entre enero y mayo cayó 31,5% en términos reales respecto de 2023, lo que implica una reducción cercana a un tercio del nivel de erogaciones previo al cambio de gobierno.
Las áreas más afectadas fueron las vinculadas a la asistencia social y los subsidios. Las prestaciones sociales retrocedieron 9,7% frente a mayo de 2023, con una baja particularmente marcada en las pensiones no contributivas. Dentro de ese universo, los programas destinados a sectores vulnerables —como asistencia alimentaria, comedores comunitarios y planes de acompañamiento— registraron una contracción cercana al 50%, según el estudio.
También se profundizó la reducción de los subsidios económicos. El recorte acumulado en energía alcanzó casi el 80% en tres años, mientras que los subsidios al transporte mostraron una disminución cercana al 48%, en un contexto marcado por la reducción de compensaciones tarifarias. A esto se suman una caída del 84% en los gastos de capital vinculados a la obra pública y una reducción del 23% en los salarios de la administración pública nacional.
La orientación fiscal cuenta además con el respaldo del Fondo Monetario Internacional. En los documentos que acompañaron la revisión más reciente del acuerdo vigente, el organismo planteó la necesidad de profundizar la focalización del gasto social y energético, continuar con la moderación de los salarios públicos y priorizar determinadas inversiones de infraestructura, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal.
En paralelo, el Gobierno avanzó con una medida que beneficia al sector financiero digital. A través del Decreto 475/26 eliminó el impuesto a los débitos y créditos bancarios para billeteras virtuales vinculadas a operaciones con criptomonedas y registradas ante la Comisión Nacional de Valores. La exención también alcanzó a empresas de cobranza extrabancaria, administradoras de tarjetas y transportadoras de caudales, mientras que el gravamen continúa vigente para la mayoría de las empresas, incluidas numerosas pymes que enfrentan un escenario económico todavía complejo.
