El proyecto presentado por diputados de Unión por la Patria fija un tope del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, crea un registro provincial y establece controles especiales sobre zonas estratégicas.
Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que flexibiliza las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, diputados de Unión por la Patria presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto para limitar esa posibilidad en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, encabezada por el presidente del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, junto a Noelia Saavedra y Cintia Romero, propone crear el Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, con el objetivo de preservar el control sobre recursos considerados estratégicos.
El proyecto establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no podrán ser titulares de más del 15% de la superficie rural de la provincia ni de cada uno de sus municipios. Además, dispone que una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30% de ese cupo y fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo propietario extranjero, o su equivalente en otras regiones productivas.
La propuesta también busca impedir maniobras para eludir esas restricciones mediante sociedades comerciales, fideicomisos o fondos de inversión. Para ello, obliga a identificar al beneficiario final de cada operación y declara nulos los actos jurídicos destinados a evadir los límites previstos por la ley.
Otro de los puntos centrales es la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, que reunirá la información sobre la titularidad de los inmuebles, emitirá certificados para las operaciones alcanzadas por la norma y podrá intervenir para impedir o impugnar judicialmente aquellas transacciones que incumplan el régimen.
Asimismo, el proyecto incorpora la figura de las zonas de protección territorial estratégica, que comprende humedales, cuencas hídricas, costas, islas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar, entre otros espacios considerados sensibles. En esos casos, cualquier adquisición por parte de extranjeros requerirá autorización previa del Estado provincial, que podrá rechazar la operación si considera que afecta el acceso al agua, la soberanía alimentaria, la producción local o favorece la especulación inmobiliaria.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que la iniciativa responde a la derogación de la Ley Nacional de Tierras mediante el DNU 70/2023 y al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para profundizar la desregulación del régimen vigente. También remarcan que los recursos naturales pertenecen al dominio originario de las provincias y que Buenos Aires tiene facultades para legislar sobre la materia.
Como argumento para avanzar con la propuesta, señalaron que existen municipios bonaerenses donde la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales ya supera ampliamente el límite del 15% que plantea el proyecto. Entre ellos mencionan a Zárate, con un 24,8% de tierras rurales en manos extranjeras, y Campana, donde ese porcentaje alcanza el 50,2%.
Según sus impulsores, la iniciativa busca resguardar el control provincial sobre el territorio y los recursos estratégicos frente al proceso de desregulación promovido por el gobierno nacional.
