Bajo la consigna del acto, ”Vaciar es cerrar”, profesionales del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte se manifestaron en defensa de la institución ante la reducción drástica de personal, que dejó sin trabajo a 200 trabajadores. El lema propuesto refleja el temor de que esta medida, junto con los despidos masivos, sea un primer paso rumbo al cierre del hospital.
Profesionales del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte se manifestaron en defensa del hospital ante la reducción drástica de personal, que afectó a unos 200 trabajadores. La consigna del acto, “Vaciar es cerrar”, refleja el temor de que esta medida, junto con los despidos masivos, sea una estrategia encubierta para cerrar el hospital. Los trabajadores aseguran que con este nivel de reducción, el hospital no puede seguir funcionando adecuadamente. La lucha se centró no solo en la defensa de los puestos de trabajo, sino también en la preservación de la calidad del servicio a los pacientes, ya que el personal restante está sobrecargado y no puede garantizar la atención de todos los pacientes como antes. En este sentido, los profesionales afirman que la reducción de personal ya está afectando la capacidad del hospital para ofrecer servicios básicos, como la entrega de medicación o la atención de emergencias, lo que compromete la salud de la población más vulnerable que depende del sistema público.
Camila Seijas, trabajadora social del hospital, explicó que la disminución de personal ya está afectando el funcionamiento de varios servicios. “La farmacia tiene dificultades para entregar medicamentos, la internación no cuenta con el personal de enfermería necesario, y la guardia no puede cubrir toda su franja horaria”, señaló, alertando sobre las consecuencias que esta medida tendrá para los pacientes. Para los trabajadores, esta es una estrategia de vaciamiento que tiene como objetivo encubrir el cierre del hospital, como sucedió en una ola similar de despidos en octubre de 2024, cuando el Gobierno intentó cerrar el hospital, pero la resistencia colectiva logró evitarlo. La comunidad de salud mental del Bonaparte está viendo cómo, poco a poco, los recursos se agotan y los servicios que históricamente ofrecieron a la comunidad se ven cada vez más comprometidos, lo que podría tener un impacto negativo en el tratamiento de los pacientes con patologías graves.
Ángeles Machado, psicóloga del hospital, también expresó su preocupación por el impacto en los pacientes, muchos de los cuales quedaron sin equipo de atención completo. “Es como un cierre de hecho”, afirmó, describiendo el caos generado por la falta de personal. Muchos pacientes, que han estado recibiendo tratamiento durante meses o años, quedaron a la deriva, sin la posibilidad de continuar con sus seguimientos terapéuticos. Machado explicó que, tras recibir la notificación de despido, decidió regresar al hospital para despedirse de sus pacientes, explicándoles la situación y dejándoles en claro que no podía dejarlos sin información. “Algunos lo entienden mejor que otros, pero la mayoría está preocupado y no pueden dormir”, relató, destacando la preocupación de los pacientes por la falta de continuidad en su atención. La situación está siendo cada vez más insostenible para los profesionales, quienes afirman que la crisis no solo es laboral, sino también ética, ya que no pueden cumplir con su vocación de ofrecer atención de calidad a quienes más lo necesitan en un momento crítico.
Los despidos, que también afectaron a otras instituciones sanitarias dependientes del Ministerio de Salud, se dieron en un contexto de crisis de salud y un aumento de la demanda en el sistema público. La medida, tomada en pleno verano, coincide con una ola masiva de despidos en distintos hospitales y centros de salud, y se sumó al desprecio del gobierno de Javier Milei hacia la salud pública. A los trabajadores se les suman las organizaciones sociales y políticas que se hicieron eco de la movilización, apoyando la defensa del hospital y alertando sobre la situación de vulnerabilidad que afecta a las personas con trastornos mentales, quienes dependen del sistema público para acceder a la atención. En este contexto, la comunidad del hospital Bonaparte no solo lucha por la preservación de su trabajo, sino también por el derecho de los pacientes a recibir atención adecuada y el acceso universal a la salud mental. La situación generó un rechazo generalizado a las políticas de ajuste en el sector público y se convirtió en un símbolo de la resistencia ante las políticas de recorte que impactan directamente en la salud de la población más vulnerable.
