El controvertido Decreto ha levantado críticas por su aparente favorecimiento a diversos sectores empresariales, incluyendo alimenticias, Ingenio Ledesma, Mercado Libre, tarjetas de crédito, Elon Musk, Clarín y las mineras, entre otros. Sin embargo, se suma un sector más a la lista: los laboratorios privados, amenazando una tradición de 117 años en la producción pública de medicamentos en Argentina.
El extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por Javier Milei parece diseñado a medida para favorecer a diversos sectores empresariales, como las alimenticias, Ingenio Ledesma, Mercado Libre, las tarjetas de crédito, Elon Musk, Clarín, las mineras, entre otros. Entre ellos, se suma un sector más afectado: los laboratorios privados.
La producción pública de medicamentos en Argentina tiene una rica historia que se remonta a 1916 con la creación del Instituto Bacteriológico. En el Primer Plan Quinquenal de Perón, se incluyó la promoción de la industria farmacéutica y la fabricación de medicamentos para modificar precios de mercado, dando origen a la EMESTA, la primera fábrica nacional de medicamentos impulsada por el ministro de salud peronista, Ramón Carrillo.
En 1947, se estableció el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en la provincia de Santa Fe, y en los años ’60, el Instituto Antirrábico de Buenos Aires se transformó en el Instituto Tomás Perón. La política de privilegiar al medicamento como bien social continuó con el decreto 3681 de Arturo Illia en 1964, que condujo a la construcción de una Planta de Proteínas Plasmáticas bajo la Universidad Nacional de Córdoba, dando origen al Instituto de Hemoderivados.
A lo largo de los años, la producción pública de medicamentos experimentó un significativo aumento, especialmente durante la crisis del 2000. Los esfuerzos para ordenar y fortalecer esta política sanitaria se consolidaron a nivel nacional en el 2008 con la creación del Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos. La ley 26.688, sancionada en 2011, declaró interés nacional a la investigación y producción de medicamentos como bienes sociales, y en diciembre de 2014, se estableció la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) para garantizar el cumplimiento de dicha ley. Sin embargo, todo esto cambió con rapidez y concisión cuando el DNU, en su página 5, propuso una profunda reorganización del sector público, derogando la Ley N° 27.113 y suprimiendo la ANLAP. Estas acciones han dilapidado en una noche los 117 años de historia de la producción pública de medicamentos en Argentina.
Producción Pública de Medicamentos:
Desde la creación del Instituto Bacteriológico en 1916 hasta la formación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) en 2014, la producción pública de medicamentos ha sido parte integral de la historia argentina. El DNU propuesto por Milei pone en riesgo esta tradición al derogar leyes y suprimir la ANLAP, afectando proyectos de investigación, tratamientos accesibles y el acceso a medicamentos a menor costo.
Impacto en Enfermedades Desatendidas:
La ANLAP, a través de 19 iniciativas de producción, ha abordado problemáticas como la vacuna antirrábica, tratamientos pediátricos, investigaciones en enfermedades poco frecuentes y alternativas terapéuticas nacionales. La desaparición de la ANLAP no solo implica la pérdida de medicamentos a menor costo, sino también la claudicación de proyectos de investigación, cooperación internacional y la exportación de líneas de desarrollo a otros países.
Desafíos para las Farmacias:
El DNU también plantea desafíos para las farmacias al permitir la venta de medicamentos fuera de estos establecimientos, fomentando la automedicación y elevación de precios. La dispensa de medicamentos sin la presencia de profesionales farmacéuticos y la posibilidad de ofrecer medicamentos en góndolas, según el DNU, generan preocupaciones sobre la seguridad y el asesoramiento necesario para los pacientes.
Reacciones y Acciones Judiciales:
Diversos sectores, incluyendo el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), denuncian riesgos para la salud y funcionamiento de las farmacias. Advierten sobre la posibilidad de acciones judiciales para respaldar la orientación sanitaria de las normativas en el área farmacéutica y protegerla de intereses mercantiles.
