Prestadores de servicios para personas con discapacidad advirtieron que continúan los atrasos en los pagos, persiste la falta de actualización de aranceles y más de 227 mil solicitudes de pensiones siguen sin respuesta. A un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, organizaciones aseguran que la norma permanece parcialmente incumplida y judicializada.
A un año de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, organizaciones del sector denunciaron que el Gobierno nacional mantiene un fuerte ajuste sobre las prestaciones y que solo cumple parcialmente la norma, mientras continúan las demoras en los pagos, la falta de actualización integral de los aranceles y el congelamiento de miles de trámites para acceder a pensiones.
Prestadores que trabajan con personas con discapacidad señalaron que los retrasos en los pagos de Incluir Salud llegaron a alcanzar hasta seis meses. Según datos citados por Página/12, en febrero la deuda del programa con el sistema rondaba los 70 mil millones de pesos, una situación que obligó a numerosas instituciones a endeudarse, reducir gastos y depender de donaciones para sostener su funcionamiento.
Desde el sector advierten que la actualización mensual de aranceles prevista por la ley resulta insuficiente porque no compensa el atraso acumulado durante 2024 y 2025. Como consecuencia, aseguran que muchos profesionales abandonan las prestaciones, mientras hogares y centros de día reducen servicios o directamente cierran.
La crisis también afecta al transporte de personas con discapacidad. Prestadores denunciaron que el Gobierno aún no realizó el estudio de costos previsto por la ley y señalaron que actualmente reciben 865 pesos por kilómetro, cuando el precio del litro de nafta supera los 2.300 pesos.
Otro de los puntos cuestionados es la situación de las pensiones no contributivas. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaborado sobre datos oficiales, 227.354 personas con discapacidad continúan esperando una respuesta a sus solicitudes, algunas iniciadas hace más de seis años. Del total de expedientes pendientes, más de 90 mil fueron presentados durante la actual gestión.
Las organizaciones también denunciaron que el Gobierno ya dio de baja unas 110 mil pensiones en los últimos dos años y medio y mantiene paralizada la resolución de la mayoría de los nuevos pedidos.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en julio de 2025, fue vetada por el presidente Javier Milei, posteriormente ratificada por el Parlamento y luego judicializada. Actualmente existe una medida cautelar que ordena al Estado implementar plenamente la norma y garantizar su financiamiento, aunque esa resolución permanece apelada.
En ese contexto, organizaciones como REDI y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresaron su preocupación por el incumplimiento de la ley y reclamaron una respuesta judicial que garantice los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que brindan apoyo.
