El INTA atraviesa una crisis interna bajo la presidencia de Nicolás Bronzovich, con fuerte riesgo de despidos, ajustes y venta de tierras experimentales. La falta de transparencia genera incertidumbre en el sector, que enfrenta dificultades económicas y una creciente preocupación por el futuro de la investigación agropecuaria en Argentina.
Desde el siglo XIX, el campo es reconocido como el motor económico de la Argentina, fundamental para el mercado interno y externo. Este sector no solo se distingue por su histórica relevancia, sino también por el alto desarrollo tecnológico que lo posiciona entre los principales productores de alimentos del mundo. Tecnologías como drones, imágenes satelitales, avances en genética, y estrategias de manejo sustentable son pilares que permitieron esta transformación. Una parte clave de estos logros se debe al trabajo del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), una institución autárquica que, con casi 70 años de historia, se encuentra presente en todo el territorio nacional.
Sin embargo, la reciente asunción de Nicolás Bronzovich como presidente del organismo encendió alarmas entre sus integrantes. Tras la renuncia de su antecesor, Juan Cruz Molina Hafford, por desacuerdos con el Gobierno, Bronzovich planteó un plan de reestructuración que muchos consideran drástico. Documentos filtrados y publicaciones en medios especializados revelan que las propuestas incluyen recortes significativos de personal, ajustes presupuestarios severos y la venta de bienes institucionales. Todo esto generó incertidumbre y preocupación en un momento crítico para el INTA.
Reducción de personal y ajustes presupuestarios
El organismo cuenta actualmente con 6466 empleados, pero más de mil podrían perder su puesto en las próximas semanas. Entre las medidas propuestas figuran la no renovación de contratos recientes, jubilaciones obligatorias y la reestructuración de la planta no permanente, que incluye a 854 empleados contratados por concurso. Además, se prevé una fuerte disminución en gastos operativos, como viáticos, combustibles, y servicios generales.
Venta de tierras y bienes inmuebles
Una de las propuestas más polémicas es la venta o arrendamiento de tierras no productivas, lo que afectaría unas 27 mil hectáreas distribuidas en más de 20 estaciones experimentales del país. Estas tierras, puestas bajo la administración de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), serían subastadas públicamente a partir de 2025. Los ingresos obtenidos no quedarían en manos del INTA, sino que serían absorbidos por el Tesoro Nacional, agravando aún más la situación financiera del organismo.
Falta de transparencia y preocupación interna
La ausencia de comunicación oficial desde la llegada de Bronzovich creó un clima de incertidumbre y descontento. “Todo lo sabemos por filtraciones”, denuncian científicos y técnicos del INTA. Además, señalan que estas medidas no solo amenazan la operatividad del instituto, sino también la autonomía de la entidad, un valor clave desde su fundación.
Contexto adverso en la ciencia y la tecnología
El ajuste en el INTA se suma a un panorama desalentador para la comunidad científica y tecnológica del país. Los fondos para la investigación están paralizados, las becas son insuficientes y muchos profesionales consideran seriamente la posibilidad de emigrar. “Es muy triste. No sabemos si podremos financiar siquiera los insumos básicos para seguir trabajando”, expresan los investigadores.
El Consejo Directivo Nacional, integrado por representantes del sector académico, industrial y productivo, será el encargado de evaluar y decidir sobre estas medidas. Mientras tanto, la incertidumbre persiste, y el futuro de uno de los principales organismos dedicados a la innovación tecnológica en el agro argentino pende de un hilo.
