LOS SINDICATOS PEDIRÁN LA INSCOSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO QUE EMITIÓ JAVIER MILEI PARA LIMITAR EL DERECHO A LA HUELGA

En un nuevo intento del Gobierno Nacional de avanzar contra las centrales obreras, el decreto 340, publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial, desató una ola de repudio y una inminente batalla legal. Por eso, la CGT, las dos CTA y ATE ya preparan presentaciones judiciales para solicitar la inconstitucionalidad de la normativa.

En un nuevo intento del Gobierno Nacional de avanzar contra las centrales obreras, el decreto 340, publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial, desató una ola de repudio y una inminente batalla legal. Por eso, la CGT, las dos CTA y ATE ya preparan presentaciones judiciales para solicitar la inconstitucionalidad de la normativa.

Con la excusa de la aprobación del Régimen de Excepción de la Marina Mercante, el Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei reeditó su intención de limitar el derecho a huelga, un derecho fundamental consolidado por legislaciones locales e internacionales.

El decreto 340 modificó de forma «solapada» artículos de la ley de Régimen Laboral N° 25.877, ampliando significativamente el abanico de actividades consideradas «esenciales» y de importancia trascendental. Además, impuso la obligación a los trabajadores de garantizar coberturas mínimas del 50% y del 75% de prestación del servicio normal durante los conflictos laborales, lo que en la práctica restringe de manera drástica la efectividad de las medidas de fuerza.

Tras la publicación del decreto, la CGT emitió un comunicado anunciando su resistencia judicial. Fuentes de la central obrera confirmaron que su equipo jurídico ya trabaja en la estrategia legal y se espera una presentación en la Justicia a más tardar la próxima semana. En esta ofensiva participa el abogado Pablo Topet, el mismo que patrocinó el amparo contra el capítulo laboral del DNU 70/2023, cuya resolución final aún espera la Corte Suprema.

Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la Central de Trabajadores de la Argentina, lideradas por Hugo «Cachorro» Godoy y Hugo Yasky respectivamente, trabajan en una presentación judicial unificada. Un abogado de estas centrales adelantó que la intención es solicitar a la Justicia Laboral, por vía de amparo, la declaración de inconstitucionalidad de la medida firmada por Milei en Acuerdo de Ministros.

La presentación se terminará de delinear este viernes, y entre los argumentos se planteará que los tratados internacionales y sus órganos de control establecen que el Estado debe garantizar el derecho a huelga, no eliminarlo, y que las restricciones solo se aceptan en actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas, algo ya contemplado en la legislación vigente.

«Este decreto es una copia fiel del capítulo laboral del DNU 70/2023 que fue rechazado por la Justicia en primera y segunda instancia. Por lo tanto, vamos a volver a hacer una presentación judicial unificada entre las dos CTA y estamos viendo si presentamos una denuncia conjunta de las tres centrales ante la Organización Internacional del Trabajo», afirmó «Cachorro» Godoy.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también decidió interponer una presentación ante el Fuero Laboral. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, confirmó que su equipo jurídico está trabajando en el recurso contra el decreto 340, al considerar que «vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo«.

Aguiar aseguró que el decreto «está destinado a fracasar y nosotros no lo vamos a acatar». Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y abogado de ATE, coincidió en que el decreto es «totalmente inconstitucional por el fondo y por la forma», y expresó su esperanza de que la Justicia Laboral lo declare inconstitucional a la brevedad.

El decreto 340 revive el debate generado por el capítulo laboral del DNU 70/2023, que ya había sido declarado inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo, y cuya apelación se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema. La pulseada entre el Gobierno y el movimiento obrero por el derecho a huelga parece recrudecer en el ámbito judicial.

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