En el transcurso de un año, las fuerzas de seguridad hirieron a 1.155 personas, muchas de ellas con lesiones graves y varias de ellas fueron agredidas en la cabeza con daños severos en la visión. La organización indicó que “son prácticas propias de gobiernos autoritarios”.
En el primer año de gobierno, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsaron la represión como medida coercitiva a las protestas sociales, que alcanzó niveles alarmantes, según el informe de Amnistía Internacional Argentina titulado “Disenso en riesgo”. Durante esos 12 meses, se registraron 1.155 personas heridas en 15 manifestaciones, muchas de ellas con lesiones graves, incluidas heridas en la cabeza y rostro por balas de goma, lo que causó daños considerables en la visión. La organización denunció estas prácticas como propias de gobiernos autoritarios, señalando que el uso excesivo de la fuerza en las protestas marca un punto de inflexión en comparación con años anteriores.
El informe describe un patrón de represión sistemática, donde el Gobierno utilizó balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y detenciones arbitrarias para sofocar las manifestaciones. Entre los heridos se incluyen a 50 periodistas y trabajadores de prensa, así como 73 personas que fueron criminalizadas por participar en las protestas. En algunos casos, incluso niños y niñas fueron víctimas de la violencia represiva. Amnistía también destacó el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y productos más agresivos como el gas pimienta MK9, que causó lesiones respiratorias y oculares graves.
La represión no discriminó por edad, y tanto jubilados como menores de edad fueron golpeados y atacados con gases. El protocolo anti piquetes, instaurado a finales de enero, fue uno de los principales mecanismos utilizados para controlar las manifestaciones, y fue criticado por organismos internacionales, como la ONU, que instaron al gobierno a revisarlo. Además, el gobierno de Milei impulsó resoluciones que ampliaban el uso de armas letales y establecían multas a quienes participaran en protestas, mientras que los planes sociales fueron suspendidos para quienes se manifestaran.
La organización también denunció la criminalización del disenso a través de discursos oficiales que asociaban las protestas con intentos de golpe de Estado, calificando a los manifestantes de “terroristas”. Este enfoque contribuyó a una narrativa que justificaba la violencia policial. En este contexto, las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma de manera desproporcionada, apuntando a la cabeza y rostro de los manifestantes, lo que resultó en graves lesiones.
El informe también documentó una serie de detenciones arbitrarias, con 73 personas detenidas en una sola jornada de protestas. Muchas de estas personas fueron acusadas de delitos como “atentado” o “resistencia a la autoridad”, y en algunos casos, las detenciones afectaron incluso a personas mayores o a familias enteras. Esta represión sistemática refleja un intento de silenciar el descontento social en un contexto de ajuste económico.
Este informe de Amnistía Internacional se suma a otros estudios de organismos de derechos humanos que documentaron la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales bajo el gobierno de Milei. La Comisión Provincial por la Memoria y el CELS también han señalado la brutalidad de las fuerzas de seguridad en las protestas, con miles de personas heridas y detenidas en diversas ciudades del país.
