A una semana de su implementación, ya se sienten las consecuencias negativas: la nafta subió un 76% y el litro de Premium roza los $1000; la canasta básica, un 30%; la medicina prepagas, un 40%; los medicamentos, casi un 100%; el transporte, un 45% y en marzo el boleto será de $1500. La inflación oficial fue del 30%, la más alta desde la hiperinflación. El impacto cae sobre la clase media y los sectores populares.
Los trabajadores, autónomos, inquilinos y comerciantes ya están sufriendo los efectos de una desregulación como no se experimentaba en décadas. Si bien estas modificaciones se hicieron, según declara el Ejecutivo Nacional, porque teóricamente mejorarían la economía, en la práctica los efectos concretos son totalmente adversos.
¿Cuáles fueron los primeros efectos?
Las primeras consecuencias se sintieron en los precios de alimentos y transportes. Así, el transporte público aumentó en promedio un 31,7%, debido a los incrementos en combustibles —que acumularon en el último mes tres aumentos, sumando un 76% respecto de noviembre. Los alimentos tuvieron un incremento del 29,7% a nivel nacional. Esto es debido a la derogación de la Ley de Abastecimiento, que elimina la capacidad del Estado para intervenir en el mercado y congelar precios, dando lugar a aumentos indiscriminados y retención de mercadería.
La desregulación total de los precios del transporte público impactó sobre todo en el AMBA, donde las tarifas aumentaron un 45% en trenes y colectivos, y un 37% en subtes. Estos son apenas los primeros efectos de las medidas del gobierno, porque los precios seguirán subiendo en febrero y las empresas estiman que el costo ascenderá a $1.500 por pasajero en marzo. En medio de estas modificaciones, hubo paros y reducción en la frecuencia de colectivos.
En el ámbito de la salud, la desregulación de la medicina prepaga permitió un 40% de aumento y hoy miles de familias pueden quedar por fuera del sistema. Los medicamentos subieron entre el 90 y el 100%. Otros aspectos de la desregulación del ámbito de la salud benefician notablemente a grandes empresas como Farmacity, lo que hace peligrar la supervivencia de farmacias y perfumerías locales.
Entre las medidas más polémicas se encuentra la derogación de la Ley de Alquileres. Al eliminar el plazo mínimo de duración en nuevos contratos, los alquileres pueden tener aumentos mensuales y exigir el pago en dólares. Además, el índice que tiene en cuenta el aumento es el del IPC, que no considera el aumento de sueldos.
La eliminación de la Ley del “Compre Nacional” y la derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía debilitan la posición de los proveedores locales y exponen a los consumidores a posibles abusos en la fijación de precios. En el ámbito laboral, se han introducido cambios peligrosos, como la reducción de multas por mala registración de empleados y la extensión del período de prueba a ocho meses. Esto debilita los derechos de los trabajadores, quienes también podrían ser penalizados por participar en medidas de fuerza históricamente legales.
Estas medidas, en conjunto, representan un cambio significativo en la orientación económica y social del país, generando preocupaciones sobre la equidad, la protección de los derechos laborales, la soberanía nacional y la sostenibilidad ambiental. El DNU además establece que la declaración de emergencia económica y social se extenderá por un plazo de dos años y, en consecuencia, el presidente estará habilitado para reformar por decreto numerosas leyes, una facultad que solo detentan los gobiernos autárquicos.
